Dos juzgados laborales de Vigo se han unido al plan de choque impulsado en todo el territorio nacional para desatascar las jurisdicciones más saturadas en un contexto actual tan complejo como es el de la pandemia del Covid-19. A grandes rasgos, se trata de una medida de autorrefuerzo mediante la cual es el propio personal de la sala –jueces, letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales) y funcionarios– el que debe aumentar su productividad para resolver de esta manera un mayor número de pleitos de los que fijan los módulos. La participación, que contempla una retribución extra si se alcanzan los objetivos, es voluntaria. Y en el caso de la ciudad olívica los que se sumaron fueron el Juzgado de lo Social número 1, al frente del cual está el magistrado José Manuel Díaz, y el Social número 2, cuyo titular es el también juez decano vigués Germán Serrano.
El Real Decreto-Ley 11/2020 por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en los ámbitos social y económico para hacer frente al coronavirus incluye un plan específico de actuación en la Administración de Justicia, concretamente en las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y mercantil. “En estos ámbitos es previsible que se produzca un notable incremento de los asuntos como consecuencia del aumento del número de despidos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial o declaraciones de concursos y reclamaciones de consumidores entre otras actuaciones”, señala dicho texto. Aunque este incremento de litigiosidad se prevé a finales de este año y especialmente a lo largo de 2021, los juzgados laborales de Vigo particularmente ya sufrieron el impacto de la pandemia, por la sobrecarga de litigios que vienen arrastrando desde hace años y al tener que recolocar los cientos de juicios suspendidos durante el largo parón que provocó el estado de alarma.
¿En qué consiste el plan de choque? Pues según concretan Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial, la medida consiste en que los juzgados se refuerzan a sí mismos aumentando su productividad. Es decir, no hay personal de apoyo externo. Los objetivos a cumplir se dividen en varios tramos que arrancan con uno que se marca como meta resolver como mínimo entre 110 y 144 asuntos mensuales. Para llegar al tramo más alto, que supone también una mayor retribución económica, habría que dar respuesta a al menos 165 litigios. Junto al magistrado titular, participan el letrado judicial y tres funcionarios de la sala. El plan, según la documentación del mismo, tiene una duración total de 16 meses: una primera fase, la actual, que arrancó en septiembre y se prolongará hasta diciembre de este año. Y una segunda que se desarrollará a lo largo de 2021.
Medidas “flexibles”
Germán Serrano, juez decano y titular de uno de los juzgados laborales que se han sumado a este plan, afirma que el objetivo del mismo es solventar de forma más rápida la “demora” que provocó la pandemia debido a la suspensión generalizada de juicios que hubo durante el estado de alarma. “En definitiva, se trata de agilizar los procedimientos”, señala. Explica que se trata de un “plan voluntario y flexible”. Para cumplir los tramos propuestos se tienen en cuenta todos los asuntos resueltos y por cualquiera de las causas por las que se le pone fin: bien sea por sentencia o por conciliación, desestimiento, etc. José Manuel Díaz, el otro magistrado vigués que participa en esta medida, relata que debido a la elevada carga de trabajo en Vigo llevan ya años trabajando con cifras altas de resolución de asuntos.
Vigo cuenta con seis juzgados especializados en materia laboral –junto a otro de refuerzo– y el Ministerio de Justicia ya anunció la creación del número 7.
Un tribunal de esta especialidad ya señala juicios en 2022
Los juzgados laborales de Vigo han registrado en los últimos años un número de pleitos que se sitúa muy por encima de los módulos que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A raíz de la crisis económica de 2008 estos tribunales batieron récords de litigiosidad y la previsión es que, en un futuro cercano, registren un nuevo aluvión de procedimientos derivados de las severas consecuencias del Covid-19 en el ámbito económico. A la espera de si se produce esa anunciada avalancha, lo cierto es que a día de hoy, debido a la suspensión de juicios durante el confinamiento, la mayoría de las salas de esta materia ya están señalando vistas bien avanzado 2021. Y una de ellas, la de lo Social número 3, ya fijó alguna en 2022, es decir, a más de un año vista.
Las estadísticas sobre la actividad de este 2020 reflejan un lógico descenso en la entrada de nuevos asuntos laborales debido a la parálisis de casi tres meses que provocó el coronavirus y que se prolongó desde mediados de marzo y hasta el arranque de junio. Pero en los juzgados no tienen dudas de que las cifras volverán a ser las que eran. Además, se da la circunstancia de que los pleitos de despidos siguen al alza: desde el 1 de enero y hasta el pasado 2 de septiembre hubo 855 demandas, lo que supone un incremento de un 15% con respecto a las del mismo período del año anterior. También crecieron los pleitos de salarios y otras cantidades.
En cuanto a los ERTEs derivados del Covid-19, por ahora fueron muy pocos los que llegaron a la vía judicial.
