Muchas denuncias por incumplir las normas de seguridad para evitar contagios por coronavirus, pero pocas -o ninguna- sanción económica. Esta es la situación actual no solo en Vigo, sino en la mayoría de Concellos de Galicia. El conflicto por el ámbito competencial y la capacidad jurídica que tiene cada Administración para poder tramitar todas estas denuncias está dejando en el limbo su resolución. Y, por lo tanto, el castigo finalmente no es efectivo. Si bien es cierto, recintemente el Gobierno gallego esgrimió un informe que blindaría la capacidad legal de los concellos para sancionar a quien no use mascarilla

Por este motivo, el alcalde, Abel Caballero, ha lanzado un mensaje de advertencia a la Xunta de Galicia al mismo tiempo que de colaboración. "Yo quiero tramitar las sanciones. Y si la Xunta no es capaz, yo me ofrezco", empezó el regidor olívico. "Hay serias dudas jurídicas de que las podamos tramitar y que estemos capacitados para ello", subrayó. Las sanciones económicas pueden llegar a superar los 100.000 euros.

En este sentido, Caballero urge a la Xunta que proceda a darle atribuciones a los ayuntamientos en materia sancionadora o que dicte una resolución clara y desarrollada para que puedan tramitar las sanciones. Este llamamiento lo hace solo un día después de avanzar que Vigo reforzaría la vigilancia policial. "No es bueno que una minoría negacionista que daña a toda la ciudad no sea sancionada", argumentó el alcalde. "Nosotros corremos con el gato aunque la recaudación sea por la Xunta", sentenció ofreciendo de nuevo su total colaboración en este campo.