Un colapso que se eterniza. Ya pasaron más de tres años desde que se pusieron en marcha en Vigo los juzgados especializados en cláusulas suelo, pero, pese al tiempo transcurrido y a los cuatro magistrados que se dedican a resolver estos pleitos, el aluvión de demandas ha sido tal que el atasco continúa en un punto álgido. Porque, a día de hoy, todavía hay casi 4.000 procedimientos pendientes de resolución. De hecho, un buen puñado de litigios de los ya presentados en 2017 que no irán a juicio hasta enero de 2021. Una demora sin precedentes en la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que son casos sencillos y claros desde un punto de vista jurídico: el 97% de las causas tramitadas hasta ahora han derivado en una sentencia favorable a los afectados por esta condición abusiva de las hipotecas.
Desde que en junio de 2017 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió poner en marcha este plan de tribunales especializados en toda España, en Vigo se presentaron más de 7.300 demandas. El gran aluvión fueron de cláusulas suelo, pero también de otras condiciones que vienen en las hipotecas, como los litigios de gastos, los de intereses excesivos o los de la cláusula IRPH, sobre la que también se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -aunque ni mucho menos de forma tan contundente como lo hizo con los asuntos del suelo hipotecario-. Aunque el ritmo de entrada de nuevos asuntos se ha ralentizado bastante -algo a lo que contribuyó el parón causado por el Covid-19-, lo cierto es que a día de hoy se siguen registrando una media de tres diarios. El goteo, por tanto, no cesa.
Actualmente aún funciona el juzgado de refuerzo del Casco Vello, el que entre junio y diciembre de 2017 recibió un auténtico alud de demandas, más de 2.600. Desde entonces dos jueces se dedican a resolver los pleitos de aquel año: ya están por fin con los últimos, pero con la agenda ya ocupada hasta el 21 de enero de 2021. Y, seguramente, lleguen hasta febrero.
El otro juzgado, el que resuelve los casos que se registran desde 2018, tiene una magistrada titular y un juez de apoyo a tiempo parcial. Un refuerzo que, a la vista de los datos de pendencia, se evidencia como insuficiente para deshacer un colapso inédito en Vigo.
