Un presunto caso de abusos sexuales ocurrido en un centro de mayores dependientes de Vigo cuya investigación judicial ya ha llegado a su fin. El acusado es un hombre de 68 años de edad para el que la Fiscalía pide una condena de dos años de prisión -solicitud que la acusación particular eleve a tres años- por presuntamente sobrepasarse con una octogenaria internada en dicha residencia que padece enfermedad de Alzheimer en grado severo.
Junto a la pena de cárcel, el Ministerio Público solicita que se imponga a este hombre la pena de libertad vigilada y de alejamiento con respecto a la víctima durante un plazo de cinco años, así como la obligación de participar en un curso de educación sexual. También que indemnice a la mujer con 3.000 euros por daños morales.
El acusado acudía a la residencia donde ocurrieron los hechos para visitar a su esposa, compañera de habitación de la víctima. Se da la circunstancia, relata la fiscal, que este hombre era un antiguo residente que fue expulsado de ese centro y trasladado a otro por anteriores episodios de similar naturaleza, según consta en la causa: se le había abierto expediente disciplinario por presunto acoso sexual a otra residente en mayo de 2018 y por otros incidentes sucedidos ese mismo mes, lo que motivó que le cambiasen de residencia. De hecho, el sexagenario, al que se le permitía ir al centro del que lo habían echado solo para ver a su mujer, "estaba obligado a entrar y salir" de las instalaciones "acompañado por personal de seguridad".
Los hechos que van ahora a juicio ocurrieron concretamente la tarde del 22 de noviembre de 2019. Aprovechando una de esas visitas a su esposa, supuestamente abusó de la otra residente que estaba encamada en esa misma habitación, sometiéndola a tocamientos.
Una testigo clave
La Fiscalía señala que dada la enfermedad y el deterioro cognitivo grave de la víctima, "carece de capacidad y voluntad para consentir o rechazar comportamientos de naturaleza sexual". Todo se descubrió ya que una mujer que presenció lo ocurrido se lo relató de inmediato a dos empleadas del centro.
Concretamente, la acusación pública atribuye al acusado -que negó los hechos en la fase de instrucción judicial- la supuesta autoría del delito de abuso sexual que se recoge en artículo 181.1 y 2 del Código Penal.
