Malestar en el seno de la Comisaría de Vigo. La Unión Federal de Policía ha exigido el cese del jefe de la Octava Unidad de Intervención (UIP, coloquialmente conocidos por antidisturbios) de la Policía Nacional en Galicia después del brote de coronavirus originado en los agentes que durante los últimos meses estuvieron de servicio en el aeropuerto de Madrid-Barajas. A raíz de esos contagios importados el virus llegó también a la fábrica de PSA en Balaídos.
El sindicato también ha reclamado al delegado del Gobierno, Javier Losada, explicaciones públicas del "por qué no acepta el ofrecimiento de la Xunta para hacer test periódicos a los policías nacionales destinados en su comunidad".
De acuerdo con la Unión Federal de Policía, tras múltiples reclamaciones para que realizasen test del COVID 19 al personal de la Policía Nacional de Galicia, y más en concreto de aquellos que regresan a sus bases después de haber realizado servicios operativos en otros puntos de España, "estas solo fueron escuchadas por la Xunta, la cual se ofreció a realizar test periódicos a los agentes". La condición, asegura el sindicato policial, era que la Dirección General de la Policía, dependiente del ministerio que dirige Fernado Grande-Marlaska, firmara un convenio con la administración gallega.
"A día de hoy no sólo no se ha firmado este convenio, si no que vemos como algo discriminatorio que guardias civiles y policías locales si estén efectuando estos test para garantía de los agentes, sus familias y la sociedad en general", denuncian, y recuerdan que los agentes no pueden evitar en muchas d esus intervenciones el contacto social.
La Unión Federal considera que se ha realizado una "horrible y nefasta gestión" del brote en la Comisaría y, en general, de las medidas de prevención. "¿Si enferman todos los agentes por no haber hecho las pruebas pertinentes patrullarán las calles de nuestras ciudades los mandos politizados?", cuestionan.
