Una biblioteca "referente" en la ciudad más poblada de Galicia; un centro "cultural social y de aprendizaje", además de "un lugar de encuentro para la comunidad muy importante" en un entorno populoso. Todo eso está llamado a ser, según la Xunta, la futura Biblioteca de la calle Lalín, también conocida como Biblioteca del Estado: la dotación, en definitiva, por la que Vigo lleva esperando más de una década. Su construcción correrá a cargo del Ministerio de Cultura pero no su gestión, que será cosa del Gobierno autonómico. De hecho, la Consellería remitió hace semanas a Madrid un informe de necesidades sobre las instalaciones y los servicios que debe prestar. Un "punto de partida" en el que se recomienda levantar un edificio con una superficie de 8.000 metros cuadrados (m2), con capacidad para 560 puestos de lectura y salón de actos para 250 personas, además de energía solar para subirse al tren de lo sostenible.
El documento de la Dirección Xeral de Políticas Culturais considera "adecuado" promover una nueva biblioteca pública en un radio de 15-20 minutos andando, a sumar a una lista de espacios que encabeza la Juan Compañel, de titularidad municipal pero de gestión autonómica. En 2019 recibió a 282.500 visitas, sus usuarios acariciaron los 42.000 y dispone de un fondo de 165.000 volúmenes. Con el nuevo centro de la calle Lalín, San Caetano cuenta con alcanzar un incremento "mínimo" del 25% de socios.
La Xunta y el Concello alcanzaron un acuerdo hace un año para emplazar el proyecto en la calle Lalín, zona de O Chouzo, en un solar por el que Praza do Rei abonó 2,6 millones y que en un principio estaba destinado a la Cidade da Xustiza, antes de que se decidiera su sede en el antiguo hospital Xeral. En una reciente visita a Vigo a un acto de campaña del 12-J, el ministro José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó que el Gobierno pelearía para incluir la construcción del edificio en los próximos Presupuestos.
Lo que plantea la Consellería es un inmueble accesible, con entradas discriminadas para facilitar el acceso a las distintas áreas, aparcamiento para personal y usuarios, iluminación "exenta de deslumbramientos" y zonas oscuras. E incorporará un sistema de energía solar "u otra renovable o sostenible". En el espacio exterior se aconseja reservar un área para actividades.
Eso, fuera. En el interior cifra en 450 los puestos de lectura necesarios para adultos, y en 150 los destinados al área infantil. Prevé además un espacio para jóvenes de creación de videojuegos, talleres de tecnología, "hasta crear objetos con impresoras 3D", para introducir al segmento de edad en el ambiente de la biblioteca. El acceso a Internet está igualmente recogido en el informe, con 80 puestos destinados a la conectividad (20 de ellos para destinados a formación).
Distintas salas
En la distribución interna habrá cabida para diferentes ambientes. La Xunta insta a incorporar al proyecto una sala de conferencias o salón de actos conectado con el vestíbulo con capacidad para 250 personas. Se reservaría para entidades locales, sociales, culturales o deportivas y colectivos "que habitualmente no son usuarios de bibliotecas". Cultura recomienda una entrada directa al salón, para poder celebrar eventos sin necesidad de abrir todo el edificio. Otro de los espacios sería una sala de exposiciones ideada para los artistas con menos visibilidad", y cuatro salas "polivalentes" de tamaño variado para dar cabida, por ejemplo, a la decena de clubes semanales de lectura en la Juan Compañel. Los puntos de préstamo, de información -donde se localizaría una oficina específica para información local- o la cafetería completan la relación.
Acerca de la colección, la Xunta apuesta por abrazar volúmenes ligados a la cultura e historia locales, libros históricos, y atender a colectivos minoritarios (por lengua, cultura o etnia) para garantizar su acceso al conocimiento.
La Biblioteca, por lo demás, se ubicará en un entorno protagonista de una transformación a medio plazo. La Xunta ha previsto, una vez se trasladen los juzgados a la Cidade da Xustiza, reconvertir uno de los edificios judiciales en el centro de salud Olimpia Valencia -cuyo proyecto está en licitación-. La otra sede fue señalada por el Gobierno gallego para albergar un nuevo instituto para 700 alumnos.
