Los familiares de Déborah Fernández,Déborah Fernández la joven desaparecida en Vigo en 2002 cuando salió a hacer deporte y fue hallada diez días más tarde muerta en una cuneta, llevarán a los juzgados a los funcionarios que incurrieron en "errores imperdonables" en la investigación del caso.

Así lo han anunciado sus abogados, Ramón e Ignacio Amoedo, en una rueda de prensa este miércoles en la que han presentado por videoconferencia a Óscar Tarruella, experto en homicidios y muertes violentas, que se encargará de una investigación paralela a la policial, que han puesto en entredicho.

También han advertido de que, aunque el delito de homicidio que se investiga en la causa llegue a prescribir, no cejarán en su empeño de que "se haga justicia" y "conocer la verdad", para que "la sociedad viguesa sepa quién es quién".

Óscar Tarruella ha avanzado que en la investigación pericial-criminal que encabezará promoverá una serie de pruebas, entre ellas la exhumación y la toma de nuevas muestras del cadáver de Déborah, una radiografía completa del cuerpo y una revisión de su dentadura, así como la petición de una serie de pruebas hasta ahora denegadas. Justo hoy han recibido la comunicación del juzgado de Tui que lleva el caso de que les será entregado un disco duro del ordenador de la chica que la familia le dio a la Policía en 2016.

Omisiones, dilaciones y denegación de testimonios

Los abogados de la familia Fernández Cervera, que también han estado presentes en la rueda de prensa, han enumerado los múltiples errores, omisiones, dilaciones y denegaciones de testimonios y pruebas solicitadas que a su juicio se han producido a lo largo de estos 18 años.

Errores que, según denuncian, atañen a los interrogatorios, a las tomas de muestras biológicas, a las conclusiones de la autopsia, o a la tardanza en realizar pruebas específicas como el análisis del disco duro del ordenador de la chica o del tráfico de llamadas de su móvil, que, aseguran, desapareció en comisaría.

Solo han salvado de sus críticas al equipo policial que en 2010 pidió por primera vez una serie de pruebas, como el análisis del coche de la expareja de Déborah, en el que "no se halló ni un pelo, ni un resto biológico ni una fibra", así como nuevos interrogatorios y muestras de ADN.

Ese mismo equipo solicitó un perfil psicológico de esta persona en un informe "contundente" que remitió a los juzgados de Tui, que archivó la causa el mismo día que lo recibió.