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Nuevo litigio de 190 exempleados de GEA en su larga lucha para cobrar 2 millones de euros

Un juzgado admite a trámite la solicitud de los afectados de que se declare en concurso a la promotora condenada a pagarles la elevada cuantía - Llevan más de una década en pleitos

Vista aérea de la parcela del ya desaparecido grupo empresarial en Ramón Nieto.

Vista aérea de la parcela del ya desaparecido grupo empresarial en Ramón Nieto. // Marta G. Brea

Una batalla judicial eterna que aún no ha escrito su último capítulo. Es la que protagonizan desde hace más de una década casi 200 extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA), quienes, tras un sinfín de litigios y lejos de tirar la toalla, están explorando todas las vías judiciales a su alcance para cobrar los más de dos millones de euros que se les adeudan. Dos sentencias, una de ellas ya firme, les dan la razón. La promotora Naerama Group S.L. y Construcciones José Castro S.A. son las empresas condenadas al pago de esta millonaria cifra -en la que se incluye la cuantía principal, los intereses y las costas- por los terrenos que en su día les cedieron estos antiguos empleados de la que fue una de las factorías más prósperas de Vigo. Y ante la imposibilidad hasta la fecha de obtener este dinero, los extrabajadores han optado por una nueva estrategia en su objetivo de cobrar la deuda. Y esa ha sido la de solicitar la declaración de concurso necesario de acreedores de Naerama Group, petición ya admitida a trámite por el juez. Si el magistrado da el paso siguiente, declarar el concurso, la promotora iría directamente a liquidación para proceder así a la subasta o venta de sus bienes, la vía que permitiría a los litigantes obtener el dinero que les fue reconocido judicialmente.

Concretamente, ha sido el titular del Juzgado de lo Mercantil de Vigo el que, en un auto dictado este 15 de julio, admite la petición de los 189 extrabajadores de GEA -o de sus herederos en el caso de los ya fallecidos-, que están representados por el abogado vigués Tomás Santodomingo. El juez dice que los solicitantes "reúnen las condiciones de capacidad procesal y de postulación" por su condición de "acreedores" y se declara competente para llevar la causa. Aunque el domicilio social de Naerama está en Barcelona, "su centro de intereses principales" se encuentra en Vigo, dice en la resolución, "ya que el patrimonio de la mercantil está básicamente compuesto por las fincas que [...] le adquirió a los extrabajadores de GEA". El magistrado da traslado a la promotora para que comparezca y formule oposición o realice los alegatos que estime convenientes.

Los antiguos empleados personados en este nuevo caso ganaron sendos pleitos -en los juzgados de Primera Instancia número 7 y 14 de Vigo- en los que se les reconocen las cuantías por las que ahora siguen luchando. Todo se remonta a 2002, cuando firmaron un contrato con Naerama por el que le cedían las fincas entonces propiedad del grupo empresarial de Coruxo y Cabral. El contrato se realizó vinculando el precio de la venta a la aprobación del PXOM de Vigo y al volumen de urbanización autorizado, ya que estaba pendiente de recalificación urbanística. Pero aprobado el plan en 2008, los extrabajadores no cobraron lo que les correspondía.

Situación

En su demanda, los litigantes ponen de manifiesto su situación. "A pesar del tiempo transcurrido y de los embargos practicados", afirman, de las deudas reconocidas en las dos sentencias que les dan la razón solo recibieron 280.818 euros. Una mínima parte. En cuanto a la cuantía principal, todavía le restan 1,1 millones por cobrar y a esto hay que sumarle los intereses y las costas. La ejecución provisional de uno de los procedimientos se acordó ya en 2015 y la del otro, hace algo más de un año.

"La falta de cumplimiento por parte de Naerama Group [...] nos ha llevado al convencimiento de que la mercantil se encuentra en un estado de manifiesta insolvencia que aconseja su pronta declaración en concurso para una mejor protección de los intereses de sus acreedores", afirman los litigantes en la demanda admitida por el magistrado de lo Mercantil vigués, en la que acompañan documentación justificativa de que el "único patrimonio" actual de la empresa son las fincas que ellos en su día les cedieron. Ahora estos extrabajadores quieren que esos terrenos acaben en una subasta para poder recuperar así, de una vez por todas, el dinero que les corresponde.

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