La Fiscalía Provincial de Pontevedratambién ha decidido recurrir la sentencia que derivó en la histórica condena a Audasa por el cobro de peajes en la AP-9 durante las obras de Rande. Si la concesionaria presentó su apelación a principios de julio, ayer fue el Ministerio Público quien formalizó su recurso. Aunque el fallo del Juzgado Mercantil 1 de Pontevedra fue una victoria para los fiscales, no estimó íntegramente sus peticiones. Y lo que quieren es que la Audiencia Provincial de Pontevedra, que revisará el caso, dicte un nuevo fallo en el que se den varios pasos más: junto a insistir en que los conductores beneficiarios por la restitución de los peajes deben ser todos los que pasaron por la autopista durante los más de tres años que duraron los trabajos -y no solo los que lo hicieron en las 81 incidencias de tráfico que cita la resolución-, solicita que se condene a Audasa a cesar en "dicha práctica abusiva", es decir, en el cobro íntegro de las tarifas cuando, como pasó en Rande, haya retenciones de tráfico y el servicio no se pueda prestar en condiciones de fluidez y seguridad. Y concreta que ese cese no solo debe afectar a la autopista del Atlántico, sino "a cualquier autopista gestionada por Audasa en España".

La sentencia dictada el 21 de febrero condenó a Audasaregistradas entre el 27 de febrero de 2015 y junio de 2018 en que se desarrollaron los trabajos. Tras ampliarse el plazo para recurrir a causa de la crisis del Covid-19, primero fue Audasa quien apeló, pidiendo anular el fallo por falta de competencia de la jurisdicción Mercantil y, ya de forma subsidiaria, que la condena se ciña a los dos únicos atascos graves que la empresa estima que se produjeron durante el largo período de obras.Oposición

La Fiscalía, que fue quien presentó la demanda colectiva en defensa de los consumidores que dio origen a este pleito, presentó por su parte ayer su recurso. Tres son sus principales solicitudes. La primera, que se condene a la concesionaria de la AP-9 a cesar en la práctica abusiva en todas las autopistas españolas que gestiona. La segunda, que la obligación de restituir el importe de los peajes y la determinación de beneficiarios se extienda a todos los automovilistas que circularon por la autopista durante los más de tres años que duraron los trabajos.

Y en tercer lugar, que también se condene a Audasa a indemnizar a todos los usuarios (conductores o pasajeros) que acrediten haber estado en algún atasco "que implicase retenciones superiores a los diez minutos". Quedan excluidos como beneficiarios, eso sí, por ser una demanda de consumidores, los profesionales de la conducción y/o titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros en el desempeño de estas ocupaciones.

Junto a estas peticiones, el Ministerio Público se opone al recurso de la concesionaria. Tras señalar que el juzgado que llevó el caso es el competente, y no la vía contenciosa-administrativa que apunta la compañía, la Fiscalía aclara que su demanda no se limita "exclusivamente" a la conducta "de una época determinada", la de los trabajos de Rande. Para la acusación pública, lo ocurrido en esas obras "constituye solo el ejemplo que permitió descubrir la existencia de la práctica abusiva consistente en cobrar íntegramente el peaje, sin moderar o eliminar su importe, cuando no se está prestando el servicio en condiciones idóneas de fluidez del tráfico".Servicio

Discrepando con esa obligatoriedad que esgrime Audasa que tiene de cobrar las tarifas completas, la Fiscalía dice que no se puede obtener el precio íntegro "cuando el servicio no se presta en debidas condiciones", ya que eso "solo beneficia al empresario". Niega que la Administración pueda ser responsable, ya que la práctica denunciada no son los perjuicios de las obras, sino el que los automovilistas pagasen el peaje íntegro pese a los contratiempos, "provocando un desequilibrio contractual abusivo". Y concluye que compete a la concesionaria, y no a la DGT, "la información comercial" a los usuarios "sobre las condiciones en que se presta en cada momento un servicio".