"Este juzgado nació para ser temporal, pero visto lo visto ya debería quedarse de forma permanente". Quien hace esta reflexión es David Alfaya, abogado vigués experto en litigios bancarios. El tribunal al que se refiere -en realidad en Vigo hay dos- es el especializado en cláusulas suelo y otros pleitos hipotecarios. Y sus palabras vienen a colación de la última y contundente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida esta misma semana, la que obliga a devolver todos los gastos de la hipoteca derivados de cláusulas abusivas -quedando eso sí al margen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD)- y abre también la puerta a tumbar las comisiones de apertura. Algo que podría derivar en una nueva cascada de demandas en la sala viguesa cuando todavía no se ha recuperado del colapso que sufre por los casi 4.000 casos que se acumulan de esta materia aún sin resolver.

Parece complicado que se vuelva a repetir el fenómeno de las cláusulas suelo, que en Vigo, desde que hace tres años se crearon los juzgados especializados, ya se ha traducido en la friolera de más de 7.600 litigios. La sala que se puso en marcha en 2017 sigue a día de hoy, con dos jueces a tiempo completo, resolviendo la oleada de demandas que hubo aquel año. Y la que se habilitó para esta materia en 2018 se encarga de todas las que entraron desde entonces.

Precisamente, en relación con este juzgado, el de Primera Instancia 14, la magistrada titular cuenta con el apoyo de un juez de refuerzo a tiempo parcial, el magistrado de Familia Daniel Tomás López. La buena noticia es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de prorrogar esta medida hasta diciembre -se excluye el mes de agosto-. Y la ayuda sin duda es necesaria. Porque a los miles de asuntos de suelo hipotecario pendientes de juicio y sentencia se une el hecho de que este órgano también lleva otro tipo de pleitos hipotecarios, con lo que el goteo de entrada de asuntos sigue siendo diario.

Y podría ir a más. El motivo es la resolución que se conoció este jueves del TJUE sobre gastos hipotecarios y que, según las asociaciones de consumidores, podría beneficiar en Galicia a unas 300.000 personas. Como ya pasó con otras cuestiones como las propias cláusulas suelo o el índice IRPH, Europa da un nuevo tirón de orejas a la justicia española y vuelve a poner coto a los excesos que se produjeron por parte del sector bancario. Ahora lo hace con los gastos hipotecarios, sentenciando que los ciudadanos tienen derecho a que se le reintegre el 100% de los costes derivados de una cláusula considerada abusiva.

"Esta sentencia favorece mucho a los consumidores", afirma David Alfaya. El abogado señala que en materia de gastos de constitución de la hipoteca hasta ahora, y en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el cliente solo podía aspirar a recuperar los gastos del registro, el 50% de los costes del notario y, aunque esta cuestión generaba alguna duda, el 50% de los de la gestoría. Haciendo una media, si un ciudadano se decidía a litigar podría recuperar "entre 500 y 600 euros". Ahora, con la doctrina que acaba de emitir Luxemburgo y en caso de ganar el pleito, la cifra ya rondaría los 1.000 al tener que devolver la banca la totalidad de lo abonado por estos conceptos. Lo que queda al margen, eso sí, es la partida que supone el mayor desembolso para quien formaliza una hipoteca: el impuesto IAJD.

Comisión apertura

Pero la resolución que acaba de dictar Europa abre además la puerta a anular la comisión de apertura. Según la asociación Asufín, para una hipoteca de 100.000 euros, puede suponer un reembolso de 500 euros si estaba fijada en en 0,50% o de 3.000 si era de un 3%. "Ahora habrá que ver caso por caso, pero sumando gastos hipotecarios y comisión de apertura, podemos encontrarnos con que un consumidor puede recuperar una media de 2.500 euros", concluye Alfaya, que empezará a presentar estas demandas en septiembre. El también letrado vigués Tomás Santodomingo recuerda que, además, hay muchos casos pendientes de resolver sobre gastos que ahora se beneficiarán del criterio europeo.