A los datos estadísticos de los últimos años relativos a la (sobre)carga de trabajo en los juzgados de lo Social de Vigo que justificaban la creación de un nueva sala laboral se le suman ahora el balance de entrada de asuntos de este año. Aunque ya se preveía que, a consecuencia de los ERTEs, las demandas en esta materia se convirtiesen en un aluvión en los próximos meses, los datos del primer semestre ya ponen de manifiesto un notable aumento de la litigiosidad. Y es que a pesar de la parálisis judicial durante casi tres meses a consecuencia del Covid-19, el número de procedimientos recibidos ya suponen la mitad de los tramitados a lo largo de todo el año pasado: un total de 2.716 frente a los 5.800 que se contabilizaron en todo el ejercicio.
La cifra es cuanto menos llamativa si se tiene en cuenta que desde que se decretó el estado de alarma, el 15 de marzo, al 4 de junio -momento en el que se reanudaron los juicios y los plazos procesales que permiten tramitar sin obstáculos los procedimientos, y con la reincorporación del 100% de la plantilla judicial- el desplome en la entrada de asuntos fue del 60%. Concretamente durante este periodo solo se registraron 559 demandas nuevas.
Pero el parón parece no haber hecho mella en esta jurisdicción que en cuanto se han vuelto a poder presentar escritos con normalidad, la cifra se incrementó de forma notable, dejando como principal reclamo los litigios por salarios y cantidades. Sueldos, horas extra, liquidaciones tras un despido... protagonizan muchos de estos asuntos. También son habituales los casos de personal laboral de administraciones públicas que pleitean por algún tipo de plus. Este tipo de procedimiento supone un tercio del total de los asuntos asumidos por las seis salas de lo Social: 833. Si bien el refuerzo también tramita casos, no recibe nuevos asuntos.
Despidos
Tras estas demandas, las de despido son las siguientes más habituales. Los despidos objetivos -aquellos en los que se alegan pérdidas económicas o razones organizativas, técnicas o de producción para cesar a un trabajador- han descendido de forma notable contabilizándose 219. A la cabeza están otra vez los disciplinarios, si bien en esta modalidad se agrupan más clases de despido, desde los improcedentes hasta los de contratos temporales fraudulentos, que suman un total de 344.
Junto a estos casos, también se registraron casi un centenar en los que son los trabajadores los que piden que se les rescinda el contrato de trabajo, generalmente porque la empresa lleva meses sin pagarle o lo hace con demasiado retraso. Estas demandas suman un total de 66 desde enero.
La previsión es que a lo largo del año, el número de demandas se incremente todavía en mayor volumen, lo que pone de manifiesto la necesidad de crear el que será el séptimo juzgado de lo Social. El Ministerio de Justicia incluyó esta nueva unidad entre las tres que prevé crear en Galicia conforme a su programación para 2020. La implantación de otro tribunal de esta jurisdicción es una petición que se venía realizando desde hace años en la ciudad olívica por parte de jueces, abogados y procuradores, con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya reflejaba esta necesidad en varios informes de su Servicio de Inspección.
La última sala de esta materia se habilitaba en 1986, hasta que en 2019 y ahora 2020, Justicia refuerza esta jurisdicción con dos tribunales nuevos.
