En temas candentes, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o del Tribunal Supremo puede condicionar el futuro de un litigio: determinar, dependiendo de hacia donde inclinen la balanza los magistrados, si está condenado al fracaso o, al contrario, tendrá éxito en los tribunales. Ahí está el ejemplo de las cláusulas suelo. Cuando Europa dictaminó a favor de los consumidores, poniendo fin a la desesperante controversia jurídica que se venía materializando con resoluciones en uno y otro sentido, llegó el aluvión de pleitos. Pues otro asunto con multitud de afectados es el de las denominadas tarjetas revolving -o de pago aplazado-, un producto a priori atractivo porque es muy fácil de conseguir, pero que puede acabar sumiendo a los ciudadanos en una espiral de deuda de la que se ven incapaces de salir. Algo que se debe, y aquí está la letra pequeña, a sus desmesurados intereses. Pues sobre esta cuestión se pronunció el Tribunal Supremo el 4 de marzo, marcando el camino a seguir a las salas de Primera Instancia y a las audiencias provinciales sobre cuando estos intereses más que altos ya se pueden considerar desmesurados. O lo que es lo mismo, usurarios. Y, tras el parón causado por el Covid-19, los juzgados de Vigo ya han dictado un buen puñado de sentencias aplicando esta doctrina.

Las demandas de las tarjetas revolving son uno de los pleitos estrella en los tribunales civiles. Antes del coronavirus ya habían empezado a llegar en aluvión y ahora, reactivada la actividad, siguen entrando. David Alfaya seguramente sea el abogado vigués que más casos lleve de esta materia, en la que está especializado. Y explica el importante "matiz" que aporta la reciente resolución del Supremo. El caso que se abordó fue el de un préstamo, concedido al 26,82% TAE y que ascendió luego al 27,24% de interés, asociado a una tarjeta de Wizink Bank. "Antes de esta sentencia la comparativa [para determinar si había usura] se hacía con el interés medio de los créditos al consumo", afirma. Algo que era más favorable a los consumidores, ya que prácticamente prosperaban el 100% de los casos.

La novedad jurídica del fallo de marzo del Alto Tribunal, continúa el jurista vigués, es que dictamina que la referencia para determinar si hay usura en el interés debe buscarse en la categoría a la que corresponda la operación cuestionada, en este caso el tipo medio que se aplica a las operaciones de crédito mediante tarjetas revolving que publica el Banco de España, que ronda el 20%. Algo que el Supremo dictaminó que ya es "muy elevado", por lo que en ese caso de Wizink, con un 27,42, no tuvo dudas en resolver que era "notablemente superior" a lo normal, en aplicación de la Ley de Represión de la Usura, norma por cierto con más de un siglo ya que está en vigor desde 1908.

Con esta referencia, cuenta Alfaya, no hay duda de que un interés del 24, del 25, del 26 o del 27, los que aplicaba por ejemplo Wizink, es usurario. ¿Pero que ocurre si es de un 21 o un 22, más próximo al tipo medio? "¿Es usura o no? Hay más dudas", reconoce. En una de las sentencias dictadas en Vigo a favor de los afectados, en aplicación del nuevo fallo del Supremo, la TAE que fijó Cofidis era del 24,51%. También una de las salas de la audiencia provincial, en otro fallo relativo a Bankinter Consumer Finance, abordó un caso del 26,72 .

Otras vías judiciales

Pero la usura no es la única manera de luchar contra los efectos de las revolving. Los jueces también están fallando a favor de los ciudadanos cuando los contratos no superan el control de transparencia, independientemente del tipo de interés aplicado. Por ejemplo, porque las condiciones de la tarjeta vienen en letra "minúscula" o "ilegible", prácticamente imposible de leer.