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Audasa recurre la sentencia de la AP-9 y solo admite dos atascos graves

Pide anular el fallo de los peajes abusivos por "falta de jurisdicción" del Mercantil | Estima "irreflexiva" la decisión del juez de identificar 81 incidencias de tráfico en las obras de Rande

Uno de los atascos en la AP-9 durante las obras de Rande.

Uno de los atascos en la AP-9 durante las obras de Rande. // R. Grobas

El caso del cobro de los peajes de la AP-9 durante las obras de ampliación del puente de Rande, que dio lugar a una histórica condena a Audasa, aún no ha escrito su último capítulo judicial. La concesionaria ha formalizado ya su recurso de apelación contra el fallo del Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra que la sentenció a devolver las tarifas cobradas de forma "abusiva" en las 81 incidencias de tráfico acreditadas en la resolución, que se registraron durante los tres años que duraron los trabajos -entre febrero de 2015 y junio de 2018-. Autopistas del Atlántico expone como alegato principal la falta de competencia de la jurisdicción civil para enjuiciar estos hechos, solicitando la nulidad de la sentencia. Solo de forma subsidiaria, en caso de que no se estimase ese argumento, pide que la condena se "constriña" a aquellos atascos "consecuencia directa de las obras" y de nivel "rojo" o "negro": reduce a solo dos las retenciones graves en el largo período de obras.

La Audiencia Provincial de Pontevedra revisará el asunto. Aunque la sentencia es ya del 21 de febrero, el plazo para recurrir aún concluye ahora por el parón del Covid-19. A la espera de si la Fiscalía da o no este paso, quien ya presentó apelación ha sido Audasa. En su escrito de 107 páginas al que tuvo acceso FARO la concesionaria rebate el fallo por dos vías. La primera, la de impugnar los autos previos al juicio en los que el juez confirmó la jurisdicción civil, y por tanto la sala Mercantil, para conocer esta demanda de consumo impulsada por el Ministerio Fiscal. Al contrario, Audasa sostiene que quien tiene la competencia es la contencioso-administrativa. "Dicha condena económica, amparada en una supuesta indemnización de daños y perjuicios de los usuarios, lo que supone realmente es la alteración del régimen legal y normativo, así como del pliego de la concesión en cuanto a regulación del sistema tarifario", dice, algo que entra "en un ámbito de carácter administrativo" .

Por si este alegato fracasa, Audasa entra en el fondo del asunto. Tras señalar que hizo las obras "con la mínima afección al tráfico" y "cumpliendo las normas y directrices fijadas por la Administración", desarrolla varios argumentos. Uno, en respuesta al cobro íntegro abusivo de peajes que le atribuye el juez, es que la concesionaria "estaba obligada" a cobrar las tarifas "sin descuento alguno", ya que "ni en el régimen jurídico de la concesión ni en el de las obras de Rande" se prevé "la posibilidad de tarifas inferiores a las aprobadas". Sobre que Audasa debió informar a los usuarios de los atascos, el juez, dicen, "yerra". La concesionaria "no tiene competencias, capacidad ni medios" para ello.

Sobre las 81 incidencias de tráfico que identifica el magistrado, dicen que es una interpretación "irreflexiva" en base a un código cromático de la DGT -negro, rojo, amarillo- que no ven "válido" para esta cuestión. Sobre ellas, rebaten que 68 fueron por accidentes, incendios o coches averiados y solo 13 "tuvieron relación con las obras". Y que de estas, solo dos atascos cabrían en este litigio al alcanzar el nivel rojo de "circulación difícil": el 27 de octubre de 2017 y el 14 de mayo de 2018.

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