El control judicial de los ingresos de enfermos psíquicos en hospitales psiquiátricos, la supervisión de los internamientos de personas mayores con demencia senil en centros de tercera edad y los expedientes de incapacidad suponen buena parte de la carga de trabaja de los tres juzgados de Familia de la ciudad. Desde el decreto de estado de alarma, estos procesos no voluntarios se consideraron como servicios esenciales en el ámbito de la Justicia. Por tanto, no cambió nada en lo que se refiere a su tramitación, que continuó haciéndose mediante la imprescindible autorización judicial y conocimiento de la Fiscalía.
Una vez el confinamiento se dio por concluido, este control y seguimiento de los ingresos involuntarios o residentes ya podría realizarse como habitualmente: de forma presencial. Sin embargo, como medida de seguridad y en aras de prevenir posibles contagios, este control se realiza vía telemática. "En los meses pasados, los casos urgentes los realizábamos a través de videollamadas con el móvil porque era imposible desplazarse. Ahora nos han instalado un sistema de videoconferencias. La jueza desde su despacho, yo desde el mío y la fiscal o el fiscal desde el suyo. Pienso que es un método que ha venido para quedarse", explica la letrada de la Administración de Justicia de la sala de Primera Instancia 12 de Vigo, especializada en Familia.
Hasta hace poco mas de tres meses, una comisión judicial formada por el juez, letrado judicial y el fiscal se desplazaban de forma periódica hasta el ala psiquiátrica del Cunqueiro, a geriátricos de Vigo y de la zona del Val Miñor o a asociaciones como Alento para supervisar los ingresos de aquellas personas que, debido a cualquier tipo de enfermedad, no pueden decidir por sí mismas.
Ahora, con este sistema telemático, los desplazamientos desaparecerían y se aceleraría el proceso. "Tenemos que movernos a la unidad de agudos del Cunqueiro, al la clínica de El Pinal, a muchos otros puntos y son casi dos horas de coche que nos ahorraríamos. Estaríamos cada uno en su despacho y desde ahí podemos realizar también este seguimiento y control igual de bien", amplía la jurista.
Misma valoración aporta desde la sala de Familia más reciente -ubicada en el edificio de la Gota de Leche- su letrado judicial. "Creo que es la línea que vamos a continuar este año porque evitamos los desplazamientos y es más cómodo. Nos conectamos con el hospital y con un médico psiquiatra y aquí estaríamos el juez y el fiscal, y reconocemos a los pacientes igual. En el caso de las residencias tampoco estamos yendo porque tienen un protocolo de visitas suspendidas, las autorizaciones que se solicitan quedan suspendidas por el momento", ratifica el letrado de la Administración de Justicia, que también entiende que para el hospital sea más engorroso estar conectándose cuando antes solo recibían a la comisión judicial.
Autorizaciones urgentes
Los internamientos involuntarios en centros psiquiátricos o geriátricos no requieren de la misma celeridad. Y es que en el caso de los primeros, son trasladados en un primer momento hasta el Hospital Cunqueiro para que en el plazo de 72 horas, la comisión judicial decida sobre su situación jurídica. "Aquí no puede haber retrasos. La ley lo impide porque es como si estuvieran detenidos. Algunos de los que ingresan quieren salir, solo pueden estar en espera 72 horas. Si en este tiempo el juez no autoriza el ingreso, el médico tiene que dejarlo ir. Los de la tercera edad sí que no tienen tanta urgencia porque al tener algún tipo de demencia es raro que alguno quiera salir, pero los psiquiátricos sí que muchos están contra su voluntad", explica el jurista.
En cuanto al número de asuntos relativos a internamientos, esta sala suma al trimestre "alrededor" de 80 ingresos "Influye mucho el mes o las circunstancias, por ejemplo en la última guardia autorizamos hasta 16 ingresos. En muchos casos son personas que si se toman la medicación no tienen problema, pero sino se alteran y hay que ingresarlos", concluye el letrado judicial.
