Un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo ha presentado una demanda judicial contra la Xunta por imponerle la utilización de la lengua gallega en las comunicaciones por escrito, tanto en las de uso interno entre centros docentes como las que se hacen desde la administración educativa a otras instituciones. El juicio por este caso se celebró ayer en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad. "Que el uso del idioma español esté prohibido en la documentación del centro va contra el sentido común y la Constitución Española", afirma Emilio Álvarez, que señala que otros 16 docentes de distintos puntos de la provincia de Pontevedra le apoyan y también han solicitado formalmente al gobierno autonómico que se les permita emplear el español por escrito.

Docente de piano en el conservatorio vigués, relata que todo surgió en uno de los controles de calidad que se realizan en estos centros, donde la empresa que se encarga de las inspecciones, a raíz de un acta elaborada por otro profesor, les comunicó, concreta, "que el español está prohibido" en los escritos. "Pedí por escrito una aclaración al inspector jefe de la provincia y lo que me contestó es que el castellano solo lo puedo usar de forma excepcional y justificada, y que si lo hago debo aportar una traducción al gallego; y que si no aceptaba se me impondrían medidas correctoras, que es lo mismo que decir medidas sancionadoras", ahonda el demandante, que decidió recurrir en alzada al jefe territorial y que también llevo el caso, en 2019, a la Defensora del Pueblo en Galicia.

"Pero en realidad lo que me enviaron desde la administración es un mero informe, y eso no es recurrible; esa es la triquiñuela que usa la administración para impedir que cualquier recurso llegue a la vía judicial, causando una situación de indefensión", agrega Álvarez, que en todo caso, con el apoyo de la asociación Hablamos Español, acabó presentando una demanda en los tribunales, la que llegó a juicio.

Un "asunto zanjado"

Una vista en la que, según informa Efe, el magistrado aclaró que en su sentencia no entrará en el fondo del asunto, esto es, si esa orden es compatible o no con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y con diversos preceptos de la ley de normalización lingüística, tal y como plantea el profesor. Antes de que el caso quedase visto para sentencia, la abogada de la Xunta defendió que la inadmisibilidad del recurso es "clara" y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya se pronunció sobre esta cuestión, a raíz de una denuncia de Galicia Bilingüe, por lo que se trata de "un asunto zanjado".

El docente denuncia que la administración interprete de "modo impositivo" el decreto en el que se dice que la documentación en los centros docentes será en gallego "con carácter general". "Una de las cosas que pedimos es la impugnación de un artículo de ese decreto; se ponen este tipo de coletillas y después las interpretan como quieren", concluye. El caso está ahora pendiente del fallo del juez.