El juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Vigo ha anulado la sanción de 10.500 euros impuesta por la Xunta al Ayuntamiento de la ciudad olívica por supuesta falta de control sobre la concesionaria del agua, Aqualia, durante la sequía de 2017, una infracción sanitaria tipificada como grave. En su sentencia, el juez avala las medidas conjuntas que gobierno local y concesionaria adoptaron para atajar o paliar los efectos de la sequía de finales de 2017.
Tales como el seguimiento reforzado de la capacidad de la presa de Eiras, la petición de reducción del caudal ecológico, el tratamiento químico para mejorar la potabilidad o las tomas de muestras en diferentes puntos de la red de abastecimiento. Recuerda el juez que esta nueva sentencia no colisiona con la que dictó esta misma sala en junio de 2019, cuando ratificó otra sanción de Sanidad al Ayuntamiento de Vigo por cuatro infracciones, tres de carácter grave y una leve.
Estas eran la ausencia de certificación o acreditación del laboratorio municipal, la falta de determinación de metales en las analíticas de control, la ausencia de notificación de los supuestos constatados de agua no apta para el consumo, y no suministrar los datos al Sinac (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo).
Una vez conocida esta nueva sentencia, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha censurado la motivación "política" de esta sanción administrativa, a cuyo frente ha situado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Caballero ha rememorado que Feijóo "se fue por todas las teles y radios de España" para "difamar" a Vigo.
