Los buses de Vigo seguirán siendo verdes. La Junta de Gobierno local, ante el desplome en el transporte de viajeros y la amenaza de un concurso desierto, ha decidido prorrogar 5 años el actual contrato con Vitrasa y aparcar sine die los trámites que ya estaban en marcha para una nueva concesión, a la espera de cómo evolucione la "nueva realidad". Lo confirmó ayer el alcalde, Abel Caballero, que recordó que en el peor momento del confinamiento el volumen de pasajeros se llegó a desplomar más del 90%, generando un déficit de más de un millón de euros al mes. "Con esta prórroga, a la que teníamos derecho, lo que hacemos es asegurar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros", afirmó. Todos los partidos de la oposición criticaron la medida. Vitrasa da trabajo a 350 personas y opera una flota de 127 autobuses repartidos en 40 líneas.

El actual contrato con Vitrasa, empresa integrada en la española Avanza, propiedad a su vez del consorcio mexicano ADO, se remonta a 1994 y se había cerrado por 25 años con derecho a dos prórrogas de 5 años, pero ya en 2018 el Concello decidió denunciar el convenio para sacar a concurso la concesión y adaptar el servicio a las nuevas necesidades de movilidad urbanas, primando la electromovilidad, las rutas a demanda e inversiones en infraestructuras viarias, como avanzó este periódico. El pasado marzo, el Ayuntamiento ya tenía lista la memoria y el plan económico y se habían cumplimentado todos los trámites -incluso a nivel europeo- para convocar el nuevo concurso, pero la llegada del Covid-19 truncó los planes. Según explicó Caballero, el tráfico de pasajeros se derrumbó en la etapa más dura del confinamiento por encima del 90% y los números rojos crecieron hasta los 1,2 millones de euros al mes.

En este contexto, el Concello se arriesgaba a que la licitación quedase desierta por falta de rentabilidad, lo que tendría "graves consecuencias" para las arcas municipales. Por eso se decidió suspender el proceso y recurrir a la prórroga del contrato original con Vitrasa para "asegurar el servicio". Caballero recordó que se trata de un problema generalizado en todos los municipios españoles por el coronavirus, y que ya desde la FEMP se ha solicitado al Ministerio de Transportes un fondo de urgencia de 1.750 millones para evitar lo que definió como una "hecatombe económica".

Así pues, Vitrasa seguirá hasta 2025 aunque fuentes municipales matizan que el Concello podría convocar antes una nueva licitación, sin agotar los cinco años de prórroga. Caballero insistió en que se garantiza la continuidad del servicio con las condiciones y tarifas actuales, así como con todas las mejoras incorporadas a lo largo de los últimos 25 años (nuevas rutas, etc.). El alcalde reconoció que la actual concesión supone un desembolso de entre 12 y 13 millones de euros al año por parte de las arcas municipales para sufragar las bonificaciones que se aplican a los viajeros sobre la tarifa (de 1,35 euros por viaje), y que nunca ha estado sobre la mesa la posibilidad de remunicipalizar el servicio, como han solicitado algunas formaciones políticas de la oposición municipal. Tanto PP como Marea de Vigo y el BNG criticaron ayer la decisión de prorrogar la concesión, algo que entienden como un atraso al no adaptarse el servicio -defienden- a las necesidades reales de movilidad de una ciudad del siglo XXI.

El transporte urbano es una de las cuatro grandes concesiones que el Concello pretendía renovar entre 2020 y 2021. Las otras son el agua, la basura y la iluminación. Con respecto a la primera, el contrato con Aqualia expira el próximo diciembre y el alcalde se apresuró a decir ayer que no ve razones para frenar el proceso. En este punto, sobre la mesa hay inversiones clave que deberían acometerse en los próximos años, como la modernización de la potabilizadora de O Casal, un proyecto que requerirá una inversión de más de 23 millones de euros.

A la basura dedica el Concello 43 millones de euros (incluyendo los 8 del canon de Sogama) al año que ayudan a sostener más de 600 empleos. El contrato actual finaliza este año (sin contar las dos prórrogas de 1 año) y se divide en tres lotes: limpieza de contenedores y papeleras en calles, recogida de residuos y recogida selectiva. Por último, el servicio de la iluminación tiene camino andado con la instalación de casi 11.000 puntos LED desde 2007 y la reducción de la potencia instalada cerca de un 10%. Aquí se segmentarán dos lotes. Uno para el suministro de energía de media y baja tensión para dotaciones públicos valorado en 5,9 millones de euros.