El estricto confinamiento impuesto inicialmente por las autoridades para atajar la propagación del coronavirus ha sido tedioso para una gran parte de la población. Acostumbrados a respirar la vida en la calle, nos vimos obligados a amistarnos con nuestros refugios habituales. Fue sumamente complicado, pero mucho más para las personas con conductas adictivas. Lo explica David Martínez López (Madrid, 1964), coordinador del servicio sociojurídico de información y orientación en conductas adictivas de la Asociación Érguete, con sede en Vigo. En la última semana y media, coincidiendo con la reactivación de la maquinaria judicial, su departamento ha asesorado a un total de 10 usuarios sancionados por incumplir las normas del estado de alarma. Esperan que esta cifra engorde con el paso de los días.
-¿Cómo fue el confinamiento para estas personas?
-Muy complicado. Por lo que nos dicen los usuarios, lo pasaron realmente mal. Si lo fue para el resto de la gente, más para ellos. Al no poder lograr las sustancias, el deseo de consumo les generó un mayor estrés y cuadros de ansiedad. Salían a la calle para buscar esas sustancias o dar un paseo con el objetivo de calmar esas sensaciones.
-¿El encierro ha hecho disminuir su consumo?
-Sí. Esa es la parte positiva del confinamiento: en muchas ocasiones, no pudieron desarrollar el consumo de sustancias, a pesar de la ansiedad que eso genera. Sin embargo, la cuarentena fue un momento propicio para otras adicciones, como las relacionadas con el juego online.
-¿Qué cuantía económica se les exige en estas sanciones?
-En todas las que hemos recibido, que han sido 11 -una persona fue sancionada dos veces en dos días seguidos-, 300,05 euros.
-¿Cuál es el perfil de los sancionados?
-Son personas que tienen algún problema de adicción, generalmente, cannabis, cocaína, alcohol o, puntualmente, heroína, y que han sido sancionados por saltarse la cuarentena. Con cita previa, acuden al servicio jurídico de Érguete por cuenta propia o derivados de otras unidades u organizaciones, como Emaús, y nosotros tramitamos el recurso ante la Subdelegación del Gobierno. Si no tienen un expediente abierto en Érguete, se lo abrimos. Algo habitual y una peculiaridad de nuestro servicio es que, aunque las personas lleguen con el único objetivo de resolver la sanción administrativa, intentamos detectar si existe un problema de adicción. Además de ayuda jurídica, prestamos asesoramiento a los usuarios.
-¿Cree que los recursos pueden prosperar?
-Veremos qué ocurre, no tenemos respuesta todavía de la Subdelegación del Gobierno para saber si vamos a ser capaces de solucionar esta circunstancia. Es pronto para conocerlo, pero pensamos que pueden llegar a prosperar.
-Al no haber precedentes, es más complicado saberlo.
-En su redacción, son muy similares a las sanciones administrativas por consumo en vía pública de cannabis, por ejemplo, que también las tramita la Subdelegación del Gobierno. Pero claro, de esas, hay precedentes: muchas se recurren y, finalmente, se logran contener las sanciones. En el caso actual, no hay precedentes, la situación es nueva.
-¿Debería contemplar excepciones la norma para personas con conductas adictivas?
-No hubiera estado de más que se hubiera permitido prestar apoyo presencial de forma excepcional a personas que necesitan ser atendidas, como las que padecen adicciones, pero es un tema complejo. Si la atención psicológica o psiquiátrica estuviera justificada, estaría bien. Durante las primeras semanas del estado de alarma, el seguimiento de personas que están en tratamiento fue telemático o telefónico, no es lo mismo que presencialmente, ya que genera una dificultad a mayores. Desde el 11 de mayo, ya recibimos en la sede a usuarios con cita previa y medidas de seguridad.
-¿Cómo es la carga de trabajo actual?
-Estamos ya al 95% de volumen de trabajo, usuarios y llamadas. En breve, nos vamos a saturar porque habrá que dar respuesta a la acumulación jurídica acumulada durante estos meses de cerrojazo.
-¿Hacen falta más medios?
-Sí. Medios económicos para contar con más profesionales, sobre todo, en materia de prevención.
