Una importante sentencia que acaba de ser ratificada. La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la resolución del Juzgado de Primera Instancia 4 de Pontevedra que estimaba la demanda presentada por la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Lavadores contra el Concello de Vigo y la Xunta, dictaminando que los terrenos donde se asientan el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Manuel Antonio y un complejo residencial de atención a personas dependientes, ambos de la administración autonómica, son propiedad de los comuneros. El fallo supone que se declare la nulidad radical, absoluta o de pleno derecho de la escritura pública de 1978 por la que el Ayuntamiento cedió gratuitamente al entonces Servicio de Mutualismo Laboral -hoy Xunta- esta parcela para construir la antigua Universidad Laboral, que es donde ahora están el centro educativo y el residencial para mayores. Otra parte del terreno se destinó a la ampliación de la antigua N-120, hoy A-55.
La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia pontevedresa que desestima el recurso de apelación que había planteado la Xunta tiene fecha del pasado 4 de marzo, si bien aún no es firme -cabe todavía la presentación de recurso extraordinario- ya que, debido al estado de alarma, los plazos procesales se suspendieron poco después de notificarse este fallo y no se reactivaron hasta ayer.
Autovía
A la espera de si este caso tiene un mayor recorrido judicial en caso de un hipotético recurso, la sentencia emitida por el órgano provincial irá al orden del día de la junta de gobierno que celebra hoy el Concello de Vigo. La resolución confirma en todos sus términos la que en 2019 había dictado la jueza de Primera Instancia. Las parcelas que han sido devueltas a los comuneros de Lavadores, que estuvieron representados en este proceso por el despacho Calixto Escariz Abogados, suman más de 150.000 metros cuadrados: una parcela de 113.524 en la que se asienta el CIFP Manuel Antonio y el complejo residencial, ambos dependientes del gobierno autonómico. Y otra de 37.476 metros cuadrados y que es por donde discurre la autovía.
En su día, tras la primera sentencia, el despacho que representa a los comuneros explicó que, una vez el fallo fuese firme, habría que buscar una vía "para regularizar" la ocupación de los terrenos y compensar económicamente. Sobre la parcela de los centros de la Xunta, la solución podría pasar por un expediente de expropiación forzosa, un contrato de cesión a favor de la administración o el pago de un alquiler a la comunidad de montes.
La Xunta, en su recurso, rebatía el primer pronunciamiento judicial al considerar, entre otros argumentos, que había existido error en la aplicación del derecho, en la normativa relativa a montes vecinales en mano común, y defendiendo la "validez" de la cesión de los terrenos hecha en su día. Los magistrados de la Audiencia no comparten este planteamiento y sí el que aplicó la jueza de Primera Instancia. En la resolución, además, se remiten a jurisprudencia y a otra sentencia de la sala sobre la misma materia.
