Un importante medidor de la situación económica de los vigueses es la cifra de desahucios que registra diariamente el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, emplazado en el Casco Vello. Si bien los datos actuales distan de los registrados en tiempos de la pasada crisis económica, no es de extrañar que una tendencia al alza protagonice los registros de los próximos meses. Por el momento se trata de un trámite que se encuentra paralizado y que, en vista de la actual situación, se mantendría así hasta comienzo de verano, en concreto meses de julio y agosto.
Así lo precisó el secretario de esta oficina judicial, que confirmó el gran número de suspensiones durante estos dos meses de confinamiento total. "En los meses de marzo y abril teníamos muchos desahucios proyectados que se han tenido que suspender. Estamos pendientes de lo que nos digan desde el juzgado pero probablemente no tendremos que practicar ninguno hasta los meses de verano", comentada ayer Fernando Varela.
Y es que todos los casos que tenían actualmente sobre la mesa volvieron a los respectivos juzgados de Primera Instancia donde serán estudiados por los magistrados para decidir si continuar adelante con el trámite de desalojo. "Habrá familias afectadas por ERTE o en situaciones de vulnerabilidad a los que se le podría suspender", amplía el letrado judicial. Lo que también precisó Varela, es que los casos urgentes que se encuentran paralizados o "pendientes" sí podrían llevarse a cabo antes de finales de este mes.
Casi dos casos diarios
Durante el 2019 se contabilizaron 571 lanzamientos, casi dos diarios, cifra que no se alcanzaba desde 2014. En cuando a los embargos, se registraron 405, dato relativamente bajo en relación a años pasados. La práctica totalidad de casos son interpuestos contra inquilinos por impago del alquiler mientras que los anecdóticos son contra propietarios por no hacer frente al pago de la hipoteca. Lo que sí se ha vuelto común a estos procedimientos es la presencia de "okupas" en estos desalojos. En los últimos meses del año pasado volvieron a incrementarse en dilatando todo el proceso del lanzamiento porque hay que identificarlos.
La intervención de Servicios Social también es otro factor a tener en cuenta en estos desahucios. Y es que el letrado judicial apreció, en los desalojos practicados el año pasado un aumento de inquilinos que se ven obligados a recurrir a los Servicios Sociales del Concello o de la Xunta para que les busquen una solución alternativa a su situación, lo que implica un retraso a la hora de declarar el desahucio ya que muchos se suspenden durante días o semanas y todo se va demorando.
