El tráfico de vehículos a motor a los arenales no urbanos de Cangas quedará restringido con la llegada del verano y solo podrán acceder con coche o moto las personas residentes en el municipio y las autorizadas por tener una segunda residencia, así como las alojadas en establecimientos hosteleros o pisos y casas de alquiler legal, a las que se extenderá una tarjeta válida única y exclusivamente por el tiempo que dure la estancia. El salvoconducto beneficiará también a los usuarios de servicios de restauración en las zonas afectadas, a las que el establecimiento les facilitará una tarjeta válida para el día o los días de la prestación. La propuesta del Concello, que pretende prevenir aglomeraciones y frenar la posibilidad de contagios por coronavirus, ha sido, en general, bien acogida por los representantes de los colectivos sociales de O Hío y Aldán, las parroquias más afectadas por el perenne caos de tráfico estival, deberá concretarse atendiendo a las circunstancias específicas de cada zona y se pondrá en marcha al inicio de la campaña veraniega.
La búsqueda de soluciones a este problema es una constante en los últimos años y el motivo central en la agenda de las reuniones que mantienen periodicamente los representantes del gobierno cangués y de los colectivos sociales de los lugares más afectados. Las más recientes, celebradas el jueves y ayer con asociaciones de O Hío y Aldán, respectivamente. El alcalde, Xosé Manuel Pazos, y la concejala de Servizos e Turismo, Aurora Prieto -que estuvieron asistidos por los responsables de la Policía Local y Protección Civil- les comunicaron que han recogido sus demandas y elaborado un plan de respuesta para garantizar el acceso a las playas a cualquier persona que lo desee si es a pie o en bicicleta, pero no con vehículos a motor, una opción reservada a los residentes en Cangas o que tengan un vínculo temporal, y justificado, con el municipio.
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Con la llegada del verano, los arenales de Cangas se llenan de bañistas, y en muchos de ellos no hay otra fórmula viable para evitar los contactos interpersonales y prevenir contagios que limitar el número de personas que acede a ellos. Una fórmula para afrontar esta "nueva realidad" obligada por la pandemia, evitar aglomeraciones peligrosas y salvaguardar la salud de la población en general es dificultar la llegada de visitantes en vehículos a motor, sobre todo coches, motos y autocaravanas sin alterar la rutina de los residentes o personas vinculadas temporalmente a Cangas ni vulnerar los derechos del resto de la ciudadanía, que puede seguir accediendo a las playas rurales, aunque por medios no motorizados.
En el plan elaborado desde el Concello y comunicado al vecindario quedan exentos de las restricciones de acceso motorizado las personas empadronadas en Cangas y con vehículo registrado en el municipio -si se cumple una condición pero no la otra será preciso solicitar una tarjeta acreditativa en la Policía Local-; quienes dispongan de primera o segunda residencia en cualquier punto del término municipal; las que tengan propiedades de cualquier tipo en las zonas afectadas -por ejemplo, una finca de cultivo- y necesiten acceder a ellas en vehículo a motor; las alojadas en establecimientos hosteleros, pisos o casas de alquiler con contrato legal -a quienes se extenderá una tarjeta válida por el tiempo que dure el alojamiento- y a las usuarias de servicios de restauración en el entorno de las playas rurales afectadas por la medida, a las que se les extenderá, desde el propio establecimiento (hoteles, restaurantes, cámpines, etc.), una tarjeta de acceso válida por el período de uso de dicho servicio.
Según avanzaron el regidor y a edil de Servizos e Turismo, dichos establecimientos tendrán la facultad de realizar los trámites de expedición de tarjetas con las matrículas de los vehículos autorizados, y comunicarlo al Concello, mientras que las autorizaciones para los coches y motos de las personas con segunda residencia en Cangas deberán formalizarse ante la Policía Local. Las tarjetas "son para los coches, no para las personas", precisan desde el gobierno local, que advierten que los agentes disponen ya de dispositivos con lecturaconectadas a una base de datos, lo que permitirá detectar si los vehículos que circulan por las zonas restringidas están o no autorizados para ello.
Pazos y Prieto detectaron "receptividad" entre los representantes de los colectivos sociales a lo que denominan "medidas generales" de aplicación en el entorno de las playas rurales -en principio, las urbanas no está afectadas por dichas limitaciones- y abogan por el consenso en torno a la necesidad de restringir los accesos y limitar las posibilidades de aglomeraciones humanas. "Es preferible evitar que las playas se llenen a tener que desalojarlas después", sentencian.
