Aunque la labor principal de Audasa se centra en la AP-9, la autopista que vertebra Galicia y que se encarga de gestionar a cambio del cobro de peajes, en los últimos años la concesionaria acumula una actividad casi igual de intensa en los juzgados y despachos de las administraciones públicas. El frente abierto por el Consello Consultivo al concluir -a instancia de la Xunta, que fue la que le planteó el tema- que los reales decretos de 2011 y 2018 son nulos es uno más de los muchos que tiene sobre la mesa la gestora de la Autopista del Atlántico. Uno de ellos, protagonizado también por los gravámenes, está relacionado con el sistema para calcular los denominados "peajes en la sombra", los importes que recibe del Estado a cambio de permitir que los conductores circulen gratis en O Morrazo y A Barcala. Cuando el Estado cambió el sistema de cálculo a la baja, Audasa emprendió una ofensiva que se saldó en su favor el pasado febrero, cuando el Supremo condenó a la administración a indemnizarla y volver a la fórmula de contraprestación anterior. Otro frente lo tiene abierto con el Puerto de Vigo, que le reclama tasas por el espacio marítimo que ocupa Rande. A principios de año el TSXG obligó a la empresa a a abonar el canon a Praza da Estrela. Un tercer frente es el abierto por los usuarios por el cobro de peajes durante los atascos. En febrero también se la condenó a devolver las cuantías correspondientes a 81 incidentes.
