Audasa suma un nuevo capítulo a su culebrón de pleitos con usuarios y administraciones. A su larga retahíla de frentes abiertos añadió ayer uno más que cuestiona de lleno las subidas extraordinarias que aplicará a sus tarifas durante los próximos 20 años en compensación por las obras que realizó para ampliar la capacidad del puente de Rande y los accesos de Santiago. En un dictamen contundente, el Consello Consultivo de Galicia acaba de concluir que el convenio suscrito en 2011 por Audasa y el Gobierno -entonces con José Blanco al frente de Fomento- y un añadido posterior de octubre de 2018 son "nulos de pleno derecho". El pacto de 2011 es el que recoge el acuerdo alcanzado entre empresa y Estado que ampara la subida extra y anual de peajes del 1%.

En su dictamen el Consello Consultivo, que se pronuncia a petición de la Xunta, concluye que tanto el convenio como su adenda "contravienen la normativa". En el caso del acuerdo de 2011 señala que se apoya en artículos de la ley de autopistas en vez de ley de Contratos del Sector Público, la que a juicio del organismo debía aplicarse.

El Consultivo rechaza también el añadido publicado siete años después. Sus técnicos consideran que la adenda se centra en actuaciones que Audasa ya había acometido sin estar amparadas por Fomento. "Pese a eso, la Administración del Estado convalidó las actuaciones incumplidoras y procedió a repercutirlas en el régimen de tarifas de la concesión, vulnerando completamente el procedimiento legal establecido y permitiendo la obtención, por parte de la concesionaria, de un beneficio sin soporte legal alguno", concluye.

El organismo cuestiona otro aspecto del Real Decreto de 2018: que incluya la reposición de un vial afectado por la ampliación y cuya inversión se incorpora al coste de las obras. Su conclusión es la misma que la del convenio de 2011. Lo juzga "nulo de pleno derecho".

Además de incidir en la nulidad de ambos acuerdos, el Consultivo señala la existencia de un "beneficio fiscal encubierto a favor" de Audasa. "Lo cierto es que el convenio considera la variación de la cuota del Impuesto sobre Sociedades como un pago más que afectará a los flujos de caja y, por lo tanto, que debe repercutirse en el régimen de tarifas, consagrando de este modo lo que se puede calificar como beneficio fiscal encubierto", apunta el órgano autonómico antes de incidir en que el Real Decreto de 2011 es "contrario al ordenamiento".

"Desde la Xunta ya advertimos que nos parecía totalmente insólito. Estamos ante la confirmación jurídica por parte del Consello Consultivo de que los incrementos de peajes extraordinarios de la AP-9 que los gallegos sufrimos en el último año y medio son nulos de pleno derecho", incide la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez. En 2019 Audasa encareció sus tasas un 3,51% debido a las subida ordinaria y las extraordinarias por el convenio de 2011 y las bonificaciones Vigo-Pontevedra.

Desde San Caetano señalan que están analizando el pronunciamiento del Consultivo y avanzan que se lo trasladarán al Ministerio de Transportes, institución -apuntan- a la que la Xunta ya ha solicitado la revisión de los convenios.