La polémica sobre la obra de los accesos al complejo Vialia escribió ayer un nuevo capítulo. La Xunta echa mano de la transcripción técnica celebrada la semana pasada sobre el transcurso de los trabajos para desmentir al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y al Concello e insistir en que el Ministerio de Transportes plantea la posibilidad de prescindir de esta actuación. En una carta remitida a la Concejalía de Urbanismo, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, resalta que si se mantiene el "bloqueo" del Gobierno central a la firma de la addenda necesaria para adjudicarla, "supondría un retraso de muchos meses e, incluso, hasta 2022 de la puesta en servicio" tanto del complejo ferroviario y comercial como de la estación de autobuses.
En el borrador del acta de la reunión, aportado por la administración autonómica, se recoge que Victoria Ranz, de la Subdirección de Servicios Generales y Coordinación Técnica de las actuaciones del centro Vialia por parte de Adif, señala que "ha habido problemas con la addenda del Ministerio de Fomento. Pretenden prescindir de las obras. Se han requerido informes que las justifiquen técnica y económicamente". Añade que "estos informes se han realizado y enviado" y que "se desconoce el plazo que resta" hasta la aprobación de la addenda por parte del Gobierno central.
El representante de Ceetrus, la compañía constructora y gestora, cuenta que los 15 días de parada obligada por el Covid-19 y las dificultades en el movimiento de operarios de Portugal ha hecho "muy difícil el reinicio de los trabajos y están teniendo importantes retrasos en las obras". Prevé el final de las obras de Vialia para julio de 2021, con lo que el traslado de las instalaciones de Adif al interior del nuevo complejo se podrá hacer seis meses antes, en enero. Estaba previsto para noviembre de 2020.
El coordinador de las obras de los accesos, de la empresa Ineco, advierte de que, "si se retrasa la demolición [de la estación provisional], se retrasa el camino crítico de la obra de viales del Concello, que no tiene holguras, pudiendo retrasarse aún más la finalización de las obras".
Por su parte, desde la Xunta advierten de la necesidad de respetar los compromisos contractuales e indican los dos hitos que permitirían cumplir los plazos en la estación de autobuses: el citado derribo de la estación provisional en noviembre para liberar espacios y cortar el tráfico de acceso a la AP-9 desde Lepanto el 1 de agosto. Los propios representantes de la Xunta defiende que, "aunque no esté la nueva aprobación por parte del Ministerio de Fomento, la antigua posibilita el corte de tráfico de la AP-9 de tres meses y se podría empezar el 1 de agosto". Sin embargo, desde el Concello e Ineco no lo ven claro.
En la carta remitida por Ethel Vázquez a la edil de Urbanismo, María José Caride, considera "inadmisibles" las declaraciones del alcalde, Abel Caballero, en las que acusaba a la Xunta de mentir al revelar que Transportes planteó prescindir de las obras de los accesos. "En lugar de preocuparse por la gravísima situación que se está produciendo, realiza declaraciones que, como mínimo, habría que calificar como improcedentes". Pide una rectificación. "Creo que defender los intereses de la ciudad y de los vigueses es reclamar del Gobierno central el desbloqueo de la firma de la addenda al convenio de accesos", concluye la misiva.
