"Los derechos de las personas también son para las pandemias". Éste es el encabezamiento de un manifiesto firmado por más de 120 juristas progresistas de distintos puntos de España y al que se han unido casi una decena de abogados y profesores universitarios de Vigo. El texto evidencia el "malestar, temor y preocupación" de quienes lo suscriben por "los injustificados recortes y retrocesos" que la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus está suponiendo "para los derechos y libertades, y particularmente, para los derechos fundamentales". Y dos cuestiones han sido las que han llevado a estos profesionales a denunciar públicamente esta situación: la "masiva" actividad sancionadora durante los más de dos meses que llevamos de estado de alarma - "que parece transformar un problema sanitario en uno de orden público", exponen- y el "uso expansivo" de las habilitaciones legales "que hacen irreconocibles los derechos de manifestación y reunión" y "buscan limitar la libertad de expresión".
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El manifiesto, publicado en castellano, gallego, catalán y euskera, está firmado sobre todo por abogados, catedráticos y profesores universitarios, pero también hay otros profesionales como graduados sociales. Entre ellos se encuentran varios docentes de la Universidad de Vigo y al menos cinco abogados también de la ciudad olívica. "Somos conscientes de la complejidad y dificultades que supone gestionar una crisis sanitaria como la derivada de la pandemia del coronavirus", arrancan en el escrito recientemente difundido. Para todos, reconocen, es un desafío "inédito y angustiante". Por ello ven "razonable" que se puedan adoptar medidas "de una cierta excepcionalidad que condicionan intensamente nuestra vida a fin de evitar contagios". Pero eso, advierten, no justifica que se esté produciendo una "deriva" que consideran "como mínimo poco respetuosa con los principios democráticos".
Una de las cuestiones en las que ponen el acento es en la que consideran "una actividad sancionadora masiva y centralizada". Se refieren a las denuncias que se llevan interponiendo desde el 14 de marzo a todos aquellos ciudadanos que incumplen las restricciones del estado de alarma declarado por el Gobierno central. En toda España ya se superan el millón de propuestas de sanción y la cifra de detenidos se acerca a los 8.500. Solo en Vigo, desde que entró en vigor el Real Decreto y hasta los últimos datos actualizados de la urbe a fecha del pasado 6 de mayo, iban más de 4.000 multados.
Guillermo Presa, conocido abogado penalista de Vigo, es uno de los juristas que firma el manifiesto. En la línea de ese escrito, aclara en primer lugar que la gravedad de la pandemia obliga, "evidentemente", a adoptar "medidas extraordinarias". Pero, avisa, todo ello teniendo "exquisito cuidado de no vulnerar derechos fundamentales básicos que costó mucho conseguir". Y, sobre el aluvión de sanciones tramitadas, estima que la base en la que se fundamentan "es inconstitucional". "Se está aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana de forma incorrecta; no se puede sancionar por el simple incumplimiento de la ley, sino cuando concurre desobediencia o resistencia a la autoridad", expresa. Es decir, y siguiendo el razonamiento, ir por la calle sin más contraviniendo la restricción del confinamiento no sería denunciable; sí lo sería si el agente te advierte de que debes regresar al domicilio y no lo haces.
Para el letrado, estos casos que se tramitan en la gran mayoría de casos como sanciones administrativas deberían recurrirse en vía judicial, en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, donde junto a la ordinaria hay, explica, una vía alternativa especial de protección de derechos fundamentales. Otra abogada viguesa que también se ha unido al manifiesto, Esther Lora, comparte idéntica opinión que Presa en cuanto a las denuncias. "La sanción, por el simple hecho de andar por la calle, no considero que esté avalada legalmente", afirma. La jurista entiende que haya que adoptar medidas excepcionales, "pero esto no debe servir para recortar libertades".
Manifestación
Lora se refiere asimismo al derecho de manifestación y reunión, que también cita Lorena García Nantes, abogada de la ciudad que firma el manifiesto y que es asesora jurídica de la CUT, el sindicato que recurrió por ahora sin éxito a los tribunales al denegársele una manifestación el 1 de mayo en Vigo. Una marcha que los afiliados querían hacer en coche y con una sola persona por vehículo. "Nosotros estamos directamente afectados por esta situación, ya que la prohibición de la manifestación nos parece fuera de lugar; y sobre todo por el hecho de que ahora todos estamos viendo como a personas que salen a la calle con banderas de España sí se lo están permitiendo", dice la letrada, que afirma que, en relación con ese caso del 1 de mayo están preparando un recurso para formalizar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, como sus compañeros, concluye que la proliferación de sanciones a ciudadanos "no está justificada".
