Caballero instó ayer a la Xunta de Galicia a que ejerciera sus competencias en materia industrial y se implicara con las empresas de Vigo que son víctimas del terremoto económico del Covid-19. La petición llega después de que el pasado lunes el PP vigués urgiera al Consorcio Zona Franca a que invirtiera sus fondos en un plan de ayudas a las empresas afectadas. A los populares les parecía insuficiente el aplazamiento de rentas decretado por el organismo estatal y demandaban recurrir a los "200 millones" que, según cifraban, maneja la institución "heredados de los antiguos mandatario".
"El PP tenía que dirigir esa petición a la Xunta", reconvino ayer Caballero, "Es la Xunta la primera que tiene que actuar. Zona Franca tendría que pedir un permiso especial, no tiene competencias para eso". Con todo, el alcalde, que también es presidente del Consorcio, avanzó que se adoptarán los pasos necesarios para acudir en ayuda de la industria. "Ya tomaremos las decisiones que tengamos que tomar", justificó.
Otros dardos dirigió Caballero al BNG y a su propuesta de que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) monitorice los precios para detectar posibles incrementos injustificados durante la epidemia. "Algunos van de originales", descargó, "nosotros no tenemos potestad para eso. Ya me gustaría".
