El consumo o tenencia de drogas en la vía o establecimientos públicos genera la gran mayoría de las sanciones vinculadas a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), en vigor desde el 1 de julio de 2015, conocida como "ley mordaza", y que en Vigo y otros puntos de la provincia bate récords de denuncias. Concretamente, los expedientes abiertos por la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, -organismo encargado de las sanciones y cumplimiento de la normativa--- supone el 70% del total. La cifra total de expedientes abiertos a lo largo del año pasado fue de 6.336, número notablemente inferior al registrado un año atrás, cuando el organismo que dirige Maica Larriba registraba más de 8.000; sumando incluso más que el resto de las provincias juntas.
Esta prohibición del consumo de estupefacientes en lugares públicos o en la calle motivó la apertura de más de 4.300 actas (sin perjuicio de las que puedan ser consideradas delito). Se trata de una infracción considerada como muy grave cuya infracción puede oscilar entre sanciones de 601 a 10.400 euros. La reincidencia puede multiplicar por tres estas multas económicas. De los 6.300 abiertos en 2019, 4.414 se dieron por concluidos tras finalizar el plazo de alegaciones. Esto generó multas por valor de 3,6 millones de euros, según fuentes de la Subdelegación. Esta cantidad todavía se incrementaría cuando se recauden las dos mil infracciones restantes.
Tras el consumo de drogas en vías públicas, las sanciones más habituales son por perturbar la seguridad ciudadana, como por ejemplo, infracciones por organizar un botellón, una manifestación descontrolada o desórdenes en la calle u obstaculizarla con barricadas con mobiliario, contenedores o neumáticos. En este caso, en 2019, se abrieron 1.313, un 20% del total.
Las restantes versan sobre la tenencia o porte de armas ilegales o sin el debido permiso así como a temas como la fabricación, almacenamiento, circulación, comercio o transporte de armas (599 actas abiertos), alteraciones en espectáculos deportivos (9), supervisión en negocios de explosivos o pirotécnicas (35 expedientes sancionadores), actas contra ciudadanos extranjeros que residían ilegalmente (28) y un total de 45 expedientes relativos a la seguridad privada.
A falta de que concluya el plazo de alegaciones para miles de sanciones impuestas en 2019; los últimos datos cerrados (año 2018) denotan que 6 de cada 10 euros recaudados por multas en Galicia por la "ley mordaza" proceden de la provincia de Pontevedra. La cuantía total del ejercicio de 2018 ascendió a 6,4 en Vigo y resto de provincia, superando a las tres provincias gallega juntas.
El aumento de las sanciones es generalizado en lo que respeta a todo tipo de infracciones, pero la principal causa de multa en la provincia, sigue siendo, con diferencia, la tenencia y consumo de drogas en lugares públicos. La manipulación y toma de sustancias psicotrópicas sumó un total de 6.094 denuncias en el citado ejercicio ya cerrado frente a las 4.586 del ejercicio anterior (2017) y que concuerdan con las de 2019. Las más de seis mil actas y pequeños decomisos de drogas realizadas por las Fuerzas de Seguridad se tradujeron entonces en la imposición de multas por valor 5,3 millones de euros a los ciudadanos de Vigo y provincia.
