Las arcas públicas de Vigo podrán contar con un ingreso de casi un millón de euros (970.000) que hasta ahora, no por reclamado por el Ayuntamiento, estaba siendo ingresado. Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le ha concedido un espaldarazo al gobierno local en su vieja cuita con la Xunta y la concesionaria del Álvaro Cunqueiro para repercutirle anualmente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El fallo, muy celebrado por Abel Caballero, avala la modificación de la ordenanza fiscal llevada adelante por el Concello en 2018 a fin de suspender la exención a un centro que desde siempre, y con energías renovadas ayer, Praza do Rei considera de titularidad privada. "Es un hospital privado, y como tal, le requerimos que pague", valoró el alcalde. Lo que no pudo ser hace dos años, cuando el Alto Tribunal gallego desestimó un primer intento por no encajar en la norma, ha dado resultado ahora. "Estamos muy satisfechos, nosotros cobramos el IBI a todos los ciudadanos, ¿por qué es distinta la sociedad del Cunqueiro a cualquier otra empresa de la ciudad?", expuso el regidor.
La posición de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG tumba el recurso presentado por la Sociedad Concesionaria Novo Hospital de Vigo S. A contra el acuerdo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en noviembre de 2018 que dio luz verde a los cambios en la ordenanza. La reforma dejaba sin efecto la exención en el IBI pactada entre Xunta y Concello en el convenio para construir el hospital de Beade, allá por el año 2006.
Ahora, la sentencia reconoce el poder del Ayuntamiento de Vigo para regular los aspectos "sustantivos y formales" que rigen estas exenciones, aplicadas por regla general a los centros sanitarios. En este caso, la máxima era "que el Sergas, además de ser titular del inmueble afecto al servicio sanitario de atención primaria, ostente la condición de sujeto pasivo del IBI". Y el Cunqueiro no cumple ese requisito. Según se refleja en el texto, a efectos catastrales, el hospital tiene "dos titularidades": la de la actual empresa concesionaria y la del Sergas, "propietario al 100% del inmueble". Caballero recalcó que en la Gerencia territorial del Catastro figura la sociedad como "dueña".
En cualquier caso la tesis del TSXG espoleó las críticas de Caballero contra la Xunta, a la que acusó, para su sorpresa, de alinearse con los intereses de la concesionaria y de ir en contra de los intereses legítimos del Ayuntamiento para cobrar el IBI. El Gobierno gallego está a la espera de que el TSXG se pronuncie sobre un recurso lanzado contra la misma ordenanza. "Cuando decimos que es un hospital privado y que tiene que pagar como tal, tenemos toda la razón y el TSXG nos la da", estimó el alcalde, quien avanzó que el Concello ya está en disposición de pasar el recibo de 2019 para destinar la recaudación a "los ciudadanos de Vigo".
La Xunta, en respuesta, aún reconociendo la potestad de Vigo para la reforma, lamenta que el resto de ayuntamientos al margen de su color "firmen convenios de exención de IBI para centros de salud" y Caballero "siga sin colaborar con el hospital". En lo que no entra la sentencia es en cómo afecta al convenio entre administraciones. Se limita a dejar en el aire la posibilidad de plantear una reclamación "por la vía conveniente".
