La "justa" condena, en opinión de los empresarios de Pontevedra, a Audasa por los peajes cobrados a los usuarios de la principal autopista de Galicia en las jornadas de caos circulatorio entre febrero de 2015 y mayo de 2018 por las obras de ampliación abre una puerta a otro tipo de reclamaciones que se quedaron fuera del caso. "Queremos ampliar esa denuncia", avanzó ayer Ramón Alonso, vicepresidente de la CEP y responsable de la Asociación de Transportistas de Mercancías (Asetranspo).
El colectivo conoce de primera mano esos "otros inconvenientes" que quedaron fuera de las reclamaciones reconocidas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). "Los retrasos con las descargas y las que se perdieron por no cumplir contratos, la reducción de los viajes que son necesarios en un día, por ejemplo, entre el Puerto de Marín y el de Vilagarcía hacia Vigo o el agotamiento de los tiempos en los tacógrafos", enumeró, entre otras incidencias, Alonso, que duda de que fueran "solo 81 días" de problemas para los conductores.
Como cada empresa tiene "sus propias particularidades", desde la CEP descartan algún tipo de iniciativa conjunta. "Los equipos jurídicos están estudiando a fondo la sentencia y cómo afecta a según el tipo de empresa", detalla, pensando en la petición de daños y perjuicios. "A mí me tiene pasado, que me meto en la autopista como en una ratonera -se queja Ramón Alonso-, creando un daño importante que se solventaría con un simple cartel de aviso".
"Se crea un precedente", sostiene Javier Touza, otro de los vicepresidentes de la CEP. Ambos, al igual que el presidente de la patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, lamentan "el papelón" jugado por el Abogado del Estado "en defensa de una empresa privada". "Lo de la Fiscalía, en cambio, es para resaltar y aplaudir", aseguran.
