La AP-9 es la columna vertebral de Galicia, el gran pilar que, junto con el Eje Atlántico ferroviario, la conecta de norte a sur. A pesar de ese papel, de que por la autopista circulan a diario decenas de miles de conductores e incluso de la posibilidad de que la sentencia siente precedente para otras latitudes de España, pocas personas había más pendientes del fallo del juzgado de Pontevedra que los transportistas de la comunidad. El motivo: ellos son los siguientes que acudirán a la justicia para reclamar la devolución de los peajes que abonaron en el entorno de Rande entre febrero de 2015 y junio de 2018. Y no solo los gravámenes. Sobre la mesa tienen también la posibilidad de exigir a la concesionaria una compensación por las penalizaciones y sobrecostes que les generaron los colapsos en el puente.
En ese mensaje incide Ramón Alonso, presidente de la Asociación de Transportistas de Pontevedra (Asetranspo). "Estábamos esperando a esta sentencia. Esto era para particulares. Ahora iremos a pedir nuestra parte. Además de los peajes, padecimos sanciones y ocasiones en las que tuvimos que descargar al día siguiente", insiste el portavoz del sector para explicar el daño que ocasionaron a las empresas los frecuentes colapsos que durante 40 meses se sucedieron en el principal viaducto de la AP-9. Los camioneros -incide Alonso- no solo pagaron por un servicio que dista mucho de lo que se espera de una autopista. A menudo vieron también cómo, pese a esos peajes, llegaban tarde a sus entregas.
"Estamos esperanzados por esta sentencia", abunda Alonso, quien ahora confía en que haya un "cambio" en Audasa. "Lo mínimo es que haya pantallas para informar a los conductores que están pagando por usar una autopista", incide. Otro colectivo que ultima también una causa centrada en profesionales que se hayan sentido perjudicados por los embotellamientos de Rande entre 2015 y 2018 es Apetamcor. Su responsable, Alberto Vilas, se muestra cauto hasta que el colectivo no haya estudiado a fondo la sentencia emitida ayer, pero no oculta su optimismo. "De entrada, es positivo; pero queremos ver el texto íntegro de la sentencia", detalla. La asociación esperaba al pronunciamiento del juzgado para apurar su propio proceso, que aglutinará a profesionales. A día de hoy, Vilas explica que suma ya cerca de 30 que reclamarían más de 500.000 euros en gravámenes. La intención de la entidad sería, a priori, exigir también compensaciones. En su web, la Plataforma PAAP9, constituida por Transportistas.gal y el despacho de Pérez-Lema, plantea exigir el importe de las tasas, juros legales y -cuando se puedan demostrar- los daños ocasionados.
"Satisfecho" se mostraba ayer también el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. "Es una primera sentencia justa que se suma a otras, como la de la semana pasada sobre las tasas del Puerto", explica el representante de la patronal, quien confía en un cambio de la concesionaria de la autopista: "Los gestores de Audasa sabrán leer en esta sentencia una mejora del servicio, que tendrán que aplicar sí o sí". "El fallo viene a reconocer lo que era de justicia y sienta un precedente para futuras actuaciones. Lo que no hace la clase política, lo arregla poco a poco la justicia", zanja Francisco Javier Pérez Bello, responsable de la Federación de Autónomos de Galicia.
