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La Xunta responde al Concello que la estación actual de buses es suya tras registrarla en junio

Porro confirma un plan "transformador"para cuando se estrene la de Vialia - San Caetano inscribió la terminal, de 1989, y los terrenos después de que figuraran "incorrectamente" a nombre de Vitrasa

Exterior de la actual estación de autobuses de Vigo. // Marta G. Brea

Cuando ni siquiera se había destapado el tarro de las ideas para decidir cuál será la futura utilidad de la estación de autobuses, a un año vista de la inauguración de la nueva terminal de Vialia, la Xunta y el Ayuntamiento ya se han envuelto en otra pugna por la propiedad de las instalaciones, en evidente estado de deterioro. Si el Concello, este jueves, aseguraba que los terrenos eran suyos -y que como tal tenía la batuta para decidir qué hacer con la infraestructura- ayer fue la Xunta quien entró al desmentido, eso sí, sin revelar cuál es la baza que desde hace meses se guarda para su rehabilitación. Solo dejó caer, por boca de Corina Porro, que será un plan "transformador".

Desde su inauguración en 1989 las dársenas de la avenida de Madrid de referencia no han dejado de ser el punto de referencia de las rutas interurbanas y de larga distancia, pero sí han experimentado cambios, a efectos de su inscripción como propiedad. Son recientes, además. En junio del año pasado, la Xunta anotó a su nombre la finca urbana en la que se halla tanto el inmueble de la estación (16.950 m² de superficie total construida) como la parcela (8.568 m²), según se refleja en el escrito del Registro de la Propiedad nº 2 de Vigo al que ha tenido acceso FARO.

El paso llega después de un trabajo de averiguación emprendido desde tiempo atrás por el Ejecutivo autonómico, fruto del cual se comprobó que la estación no figuraba entre su patrimonio a ojos del Catastro, sino que constaba, ya en el año 2018, a nombre de Viguesa de Transportes S. L., más conocida como Vitrasa, la empresa que gestiona el autobús urbano de Vigo. En marzo del año pasado la secretaría xeral técnica de Patrimonio, dependiente de la Consellería de Facenda, reflejó que Vitrasa figuraba "incorrectamente" como la titular, y que su papel se reducía al de "concesionaria". Para efectuar el cambio, el Gobierno de Feijóo se amparó en una de las disposiciones adicionales de la Lei de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, que dicta que los inmuebles pendientes de regularización y afectados por un servicio público, como en este caso, pueden inventariarse como propios por la administración gallega cuando hayan transcurrido más de 10 años.

En este sentido, Porro afiló sus críticas contra el alcalde. "Ahora se inventa la propiedad municipal del suelo, que está acreditada que pertenece a la Xunta. Esas cosas no se demuestran hablando, sino con papeles, y me pregunto: ¿de qué documentos dispone?", valoró la delegada autonómica en el área. A su juicio Abel Caballero "trata de meter baza allí donde no tienen nada que decir", después de advertir, en referencia al proyecto sin desvelar, que no será él quien vaya a "marcar los tiempos" al equipo de Feijóo. "Caballero se pone muy nervioso cada vez que la Xunta anuncia inversiones en Vigo", subraya.

El jueves el Concello, reivindicando para sí la propiedad de los terrenos, afirmó que el "uso de la estación lo decide el Ayuntamiento, ya veremos si como terminal o con otro uso", debido a su enclave estratégico. El valor catastral de la estación asciende a 6 millones de euros, de los cuales 272.000 pertenecen a las fincas. Solo Vigo, junto con A Coruña, está pendiente de definir el uso de la estación de autobuses. El resto de urbes gallegas, bien las integran (reformadas) a sus intermodales, o bien las demolerán para dar cabida a otros proyectos, como residencias geriátricas, caso de Ourense, o a ampliar otras dotaciones, como ocurre como el complejo administrativo de San Caetano de Santiago.

Conflicto por Eiras

Al margen de la estación, Caballero acusó ayer a la Xunta de protagonizar una "desfachatez electoral" por lanzar la contratación del mantenimiento de la presa de Eiras, contra la que el Concello ya ha presentado recurso contencioso-administrativo. Para el alcalde, cinco trabajadores de Aqualia, la concesionaria municipal, controlan a diario la presa. La Xunta, en respuesta, instó al gobierno local a "demostrar" esas labores y aseguró que ese es un cometido autonómico al que no va a renunciar, para no "jugar con la seguridad de la población del ámbito".

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