La Fiscalía presentó un informe de 202 incidencias durante las obras de Rande. Un perito designado por Audasa redujo este cálculo a 86 en el período 2015-2018, para a continuación explicar que de estas, solo 13 se pueden atribuir directamente a las obras. De ellas, cuatro tendrían el denominado "código rojo" por una incidencia grave y, de estas, dos fueron por "transfers" nocturnos (cambio de un carril a otro), de modo que, finalmente, este perito solo reconoce dos incidentes de circulación difícil en el ámbito de Rande.
Este especialista propuesto por la empresa también asumió las carreteras N-554 por Vilaboa y N-552 por Redondela como alternativas libres de peaje a la AP-9, aunque los tiempos de viaje entre Vigo y Pontevedra pasan de los 18 minutos por la autopista a 42 por la carretera de Redondela.
Siguiendo las explicaciones de este perito sobre lo que es una autopista, la Fiscalía concluyó que la AP-9 no se podía considerar como una vía de este tipo durante las obras, ya que se limitaron los carriles a dos, uno por sentido, en algunos momentos de las obras.
El perito de Audasa indicó que según los manuales de transporte, un servicio aceptable en una vía es que no tenga más de 150 horas al año por debajo de lo aceptable. Este experto calculó que durante el tiempo de las obras en Rande hubo 106 horas anuales de demora en sentido de Pontevedra a Vigo y 41 horas de demora al año en sentido contrario. "Son niveles inferiores a los que establecen como aceptables", indicó este perito.
En sus conclusiones finales, los abogados que representan a Audasa reiteraron que los funcionarios citados en la primera jornada del juicio declararon que el tráfico era "fluido", que otro técnico redujo las incidencias a dos, que la autopista tiene "alternativas" gratuitas y que los usuarios de la vía eran conocedores de que estaba en obras y que se podían producir incidencias por ello.
Atribuyeron las principales retenciones, de mayo de 2018, a la apertura de la Autovía do Morrazo. Rechazaron además las "prácticas abusivas" denunciadas por la Fiscalía, ya que "no se acredita de forma objetiva el daño".
