En la primera sesión del juicio contra Audasa, que se celebra en el juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra, se debatió la oportunidad de que se persone en la causa la Abogacía del Estado. Su participación fue impugnada tanto por la Fiscalía como por las acusaciones particulares.
Finalmente, el juez Manuel Marquina Álvarez admitió la participación de la Abogacía del Estado como "interviniente voluntario" en este proceso. El juez aclaró que el letrado del Estado participa en la causa en defensa del Ministerio de Transportes y que los intereses que representa son los mismos que los de la parte demandada, es decir, Audasa.
Previamente, el fiscal Alejandro Tuero, se opuso a esta participación alegando, entre otras cuestiones, que ninguna petición de los demandantes afecta al Estado, sino a una relación mercantil entre la concesionaria de un servicio y sus usuarios. Las facultades del Estado en dicha concesión "no son objeto de este procedimiento", como explicó el ministerio público, que defiende los derechos de los usuarios de la autopista.
Las acusaciones particulares se adhirieron a los argumentos del fiscal y trataron de impugnar la participación de la Abogacía del Estado en la causa.
Al rechazar la impugnación, el magistrado Manuel Marquina expuso que es admisible la presencia "voluntaria" de la Abogacía del Estado en defensa del "interés legítimo y directo" de la Administración en este asunto, ya que la solución de este procedimiento puede "alterar" las relaciones entre la Administración del Estado y Audasa.
