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Audasa, al banquillo por los 90 millones que cobró durante las obras en Rande

El juicio arrancó esta mañana en Pontevedra

Instantes iniciales del juicio // Rafa Vázquez

Cobros "abusivos" o "inevitables". Sobre estas dos posturas versará el juicio que ha arrancado esta mañana en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra contra Audasa, concesionaria de la AP-9, en relación a los peajes que recaudó durante el tiempo que duraron las obras en la autopista, especialmente en el entorno del puente de Rande. La demanda encabezada por la Fiscalía de Pontevedra y a la que se han adherido varias asociaciones de consumidores busca resarcir lo cobrado por la adjudicataria a los conductores durante las obras de ampliación del puente de Rande -entre febrero de 2015 y junio de 2018- que provocaron numerosos atascos y embotellamientos en los accesos al viaducto. Este gravamen se ha cuantificado en 90 millones, multa que podría elevarse hasta los 270 al solicitar también el Ministerio Público el pago de una indemnización que duplique el coste de lo recaudado esos 40 meses.

La Fiscalía esgrime en su demanda que durante las obras en el tramo de la autopista comprendido entre Cangas y Teis los trabajos afectaron de forma "relevante" y "constante" a la fluidez del tráfico pese a que la tasa se mantuvo "inalterable". Es más, califica el cobro de estos peajes como una "contraprestación". Considera abusiva la práctica consistente en la exigencia de la totalidad del importe del peaje, es decir, del pago del mismo peaje que cuando la autopista funciona de modo normal, pese a tener completa constancia de que no se puede prestar el servicio en tales condiciones. En este sentido, la Fiscalía recoge hasta 202 episodios de retenciones, frente a los tan solo 14 admitidos por Audasa. La concesionaria, en su respuesta a la demanda, alegaba que los usuarios conocían de antemano las obras, las limitaciones de velocidad y los riesgos de ralentización "y aún así", eligieron esta ruta pese a que había "otras alternativas".

Mientras los afectados acompañan a la Fiscalía en la pugna judicial, Audasa tampoco estará "sola" en el proceso. Y es que en las últimas horas, casi literalmente, la Abogacía del Estado ha instado su personación en la causa, argumentando que los atascos estaban ligados "inevitablemente" a las obras y que, por lo tanto, los usuarios debían "soportarlos". El Ministerio Fiscal cuestionó el interés del Estado en sumarse a la adjudicataria, llegando a recurrir su participación en la vista al sostener que la causa se ciñe estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura por la concesionaria, desde la perspectiva civil y privada de sus relaciones con los usuarios.

El juicio por el cobro de las tasas durante los colapsos ha arrancado esta mañana y está previsto que las sesiones se prolonguen al miércoles.

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