Rapapolvo de la Fiscalía al Gobierno central por cuenta de la AP-9. Apenas 24 horas después de que se desvelase que la Abogacía del Estado se alineará con Audasa en el proceso abierto contra la concesionaria por el cobro abusivo de peajes, el Ministerio Público se pronunció ayer para enviar un par de mensajes al Ejecutivo central. Y con un tono inusitadamente contundente, además. Primero, la Fiscalía insiste en que la decisión de la compañía de cobrar el 100% de los gravámenes durante los frecuentes atascos ocasionados por las obras en Rande fue "abusiva". El razonamiento choca frontalmente con el del Estado, que argumenta que los colapsos eran una consecuencia "inevitable" de las obras. Segundo, y quizás más importante, la Fiscalía cuestiona la postura adoptada por la Abogacía del Estado, órgano vinculado con el Gobierno. El Ministerio Público le recuerda que el juicio abierto contra Audasa se ciñe a la relación entre la empresa y sus clientes, lo que se escaparía al interés del órgano central.
"La Administración General del Estado no puede tener interés directo y legítimo en el pleito, más allá de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, posición que ya asume la Fiscalía", insiste el Ministerio Público en un comunicado en el que recuerda que la causa abierta contra Audasa se centra estrictamente en la relación que la compañía privada mantiene con sus usuarios. Con ese argumento sobre la mesa, la Fiscalía de Pontevedra ha decidido recurrir que la Abogacía del Estado pueda intervenir en la causa judicial.
A diferencia del órgano dependiente del Ministerio de Justicia, que sostiene que los conductores "tenían el deber" de soportar los frecuentes atascos que entorpecieron el tráfico en Rande entre febrero de 2015 y junio de 2018, la Fiscalía incide en que esa circunstancia debería haberse reflejado en una rebaja o incluso la supresión de las tasas que se cobran en el tramo.
"El pago del peaje tiene el carácter de contraprestación porque se entrega a cambio de una prestación, que es el uso en perfectas condiciones de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad. En ese sentido considera abusiva la práctica consistente en la exigencia de la totalidad del importe", razona. El órgano gallego recuerda que los peajes no solo se siguieron cobrando de forma íntegra, sino que a principios de 2018 se encarecieron precisamente para compensar a Audasa por la inversión que destinó a ampliar Rande con dos nuevos carriles. Durante al menos medio año -entre enero y junio de 2018- los conductores abonaron por lo tanto más dinero a pesar de que los operarios, la maquinaria y los cortes de tráfico siguieron siendo la tónica dominante en el viaducto.
La Fiscalía va más allá y avanza su intención de solicitar durante el juicio a Audasa, que arrancará el martes, en Pontevedra, que "se declare nula la práctica de cobrar íntegramente el peaje de la autopista en todo caso, sin moderar o eliminar su importe cuando no se esté prestando el servicio en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez y seguridad". Otro de los objetivos que persigue el Ministerio Fiscal es que se devuelva a los conductores las tasas que hayan pagado en la zona entre febrero de 2015 y junio de 2018, cuantía a la que exige añadir los intereses y "una indemnización consistente en el doble del peaje".
En su escrito, la Abogacía se alinea con la postura de la concesionaria de la AP-9 y concluye que los colapsos que se sufrieron durante las obras eran ineludibles. "Existía el deber jurídico de soportar esa consecuencia, en tanto inevitablemente unida a la ejecución de esta obra pública", recogía el organismo estatal, que desliza otra idea clave: en el caso de que el juez condene a Audasa a compensar a los conductores, el Estado podría verse obligado también a pagar.
Ayer el Ministerio de Transportes lanzó un comunicado en el que explica que su postura responde a razones técnicas, aunque en ningún momento aboga por un cambio de postura del letrado del Estado, órgano que se encarga de prestar asistencia jurídica y la defensa de la administración. "Los informes que hayan podido elaborar los servicios técnicos de la Dirección General de Carreteras, así como sus posibles declaraciones cuando se produzcan, en relación con el procedimiento judicial en marcha, responden estrictamente a juicios técnicos, no encuadrándose en ninguna actitud política, actitud que es impensable dentro de un procedimiento judicial", apuntan desde el departamento de Ábalos.
El Ministerio de Transportes asegura también que no pretende defender a Audasa. "Estamos de acuerdo en que se le exijan responsabilidades, en caso de que hubiera obrado incumpliendo la normativa o sus obligaciones", añade.
