Coro de voces contra la postura del Gobierno. El Ayuntamiento de Vigo, la Xunta y formaciones políticas como el BNG reprobaron ayer con notoria severidad el movimiento de última hora de la Abogacía del Estado para posicionarse a favor de las tesis de Audasa. El gobierno municipal fue explícito. No le importó a Abel Caballero compartir carné del PSOE con el actual Gobierno ni los proyectos en cartera desbloqueados recientemente con los inquilinos de los despachos de Madrid: la posición de Vigo, dijo, es la de la Fiscalía. "Estoy defendiendo a los ciudadanos. Y creo que el abogado del Estado se equivoca". Sin medianías. El alcalde hizo referencia a la información publicada el viernes por FARO acerca del contenido del escrito de la Abogacía y subrayó que pese a "soportar" los inconvenientes de las obras es una circunstancia que "va de suyo", lo nuclear "es que aún encima nos cobraban". "Todos tenemos obras y cuando se dan, hay incomodidades, pero no cobramos".

La posición de Praza do Rei se alinea con la demanda de la Fiscalía, que reclamará a partir de la vista oral del martes la devolución de los peajes cobrados y una indemnización a los afectados del doble del importe. "La demanda, desde aquí, es que no tuvieran que pagar en esos días de terribles atascos. Y yo lo comparto, enteramente", abrochó el jefe del ejecutivo vigués. "Estoy al lado de la posición del fiscal; defendiendo a los ciudadanos", refrendó.

Contundente fue también la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. "Los gallegos nos quedamos de piedra al ver esa alianza del Gobierno y Audasa", declaró. La personación de la Abogacía del Estado es, a juicio de la responsable autonómica, una "muestra" de que a la concesionaria del grupo Itínere "le va mejor con un gobierno del PSOE". "Están para defender más los intereses de Audasa que los de los ciudadanos", aseveró. La conselleira hasta aprovechó para hacerse eco de peticiones históricas de los vecinos de Redondela quienes, al igual que los de Teis (Vigo) o los del núcleo de Chapela, llevan años exigiendo tanto a gobiernos del PP como del PSOE la instalación de pantallas antirruido en el tramo urbano de la AP-9, y muy especialmente, la supresión del peaje de Rande, que en la práctica funciona como una circunvalación de entrada a la ciudad.

En las filas nacionalistas la reacción estuvo sembrada de palabras gruesas. Socios de investidura de Pedro Sánchez, el BNG tildó ayer de "burla" la implicación del Ejecutivo el proceso contra la concesionaria: "Absolutamente escandaloso", como lo censuró el diputado autonómico del Bloque, Luís Bará.

El frente vio "inconcebible" que pese a abanderar la Fiscalía la demanda colectiva que sentará a Audasa en el banquillo, la Abogacía "defienda y proteja los abusos cometidos reiteradamente" en la autopista. Para Bará, el paso adelante "viene a corroborar" que tanto los ejecutivos liderados por el PP como los del PSOE "llevan años defendiendo los intereses" de la gestora, "sus abusos y su expolio". Y cuando no, enzarzados en rifirrafes como los de la iluminación del Puente de Rande. Un "espectáculo bochornoso", precian desde el partido de Pontón.

En esa puesta en escena de su "desacuerdo", el BNG -que incluyó en el acuerdo de investidura con Sánchez rebajas en el precio de los peajes- también propone que se apruebe un "protocolo" para levantar peajes y se haga una auditoría sobre el servicio prestado por Audasa.