"Vamos a recurrir la sentencia y vamos a ganar; voy a defender a esta ciudad siempre. Nadie de fuera de Vigo tiene la PassVigo ni la va a tener". Así de rotundo se mostró el alcalde, Abel Caballero, para avanzar que el Ayuntamiento olívico seguirá luchando por que esta tarjeta, de la que ya disponen más de 194.000 personas, pueda ser obtenida en "exclusiva" por los ciudadanos censados en la urbe gallega. Y fue más allá. En su desafío a la resolución emitida el pasado jueves por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la metrópolis, que admite la querella interpuesta por el consistorio de Redondela en 2018 para tumbar el requisito de estar empadronado para lograr el documento, el regidor anunció que tomará "más decisiones" que, por ahora, no concreta.

Caballero aseguró que la institución toma la decisión de volver a apelar a los tribunales porque, además de considerar que el fallo "se tambalea" al reconocer el magistrado "dudas" en el tema enjuiciado, cuenta con la opinión favorable de la asesoría jurídica del ente local y de "expertos constitucionalistas de España". "La sentencia, que no es eficaz, dice que tiene que haber un medio de pago para los de fuera, no la PassVigo. La decisión no influye en nada de lo que está pasando", apostilló en relación a la existencia de una tarjeta de transporte que se tramita desde abril de 2018 para usuarios que no son del municipio.

El mandatario local responsabilizó de nuevo al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de haber hecho una ley -la 2/2017, de 8 de febrero, en la que se fundamenta la sentencia del magistrado del Contencioso Administrativo número 1 de la urbe- "para castigar a Vigo" y que obliga a los vecinos olívicos a "pagar de su bolsillo los autobuses de los ciudadanos de fuera". A su vez, el primer edil acusó al responsable de la administración autonómica y a la delegada de la Xunta, Corina Porro, de estar "contentísimos" de que los vigueses tengan que "abonar el transporte de la gente que no es de Vigo".

"Se acabó el apartheid "

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, Alfonso Marnotes, valoró la sentencia como un "varapalo al populismo" y "al alcalde", a quien culpó de "infringir" y "vulnerar" una regla que él mismo "promovió, impulsó y aprobó" cuando era ministro de Transportes: "la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres", la cual impone el uso "sin discriminación" de los "transportes públicos regulares de viajeros de uso general". "Es una norma legal y va en contra de lo que él exigió. No es una ley de la Xunta, es suya", citó.

El vocero de los populares señaló que imponer el requisito de estar empadronado en la ciudad para lograr la PassVigo no aparece "por ninguna parte" en el pliego de condiciones de Vitrasa ni se recoge en ningún "acuerdo oficial" o "resolución del gobierno local". "Es un invento de Caballero, un dedazo, una cacicada sin soporte legal, un invento electoralista y demagógico", subrayó Marnotes, quien aseveró que, con esta sentencia, "se acabó el apartheid" en una urbe "abierta, solidaria, cosmopolita e integradora".

Mientras, Marea de Vigo considera que el fallo del Contencioso Administrativo n.º 1 "deja claro" que la Pass Vigo "es una inutilidad" y lleva a la metrópolis al punto de inicio, "cuando existía una tarjeta verde que se entregaba de manera indiscriminada y se sufragaba exclusivamente por el consistorio de Vigo, con la nula colaboración económica por parte de la Xunta". En cambio, propone el sistema de transporte metropolitano como la alternativa de "futuro". Su portavoz, Rubén Pérez, denunció que la emisión de este documento "solamente sirvió para distribuir la cara de Abel Caballero en todos los buzones de Vigo y para que la empresa Vitrasa justificase más amortización de dinero pendiente con el que condicionar el futuro concurso".

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