Estado versus Estado. La Fiscalía de Pontevedra ha cuestionado este viernes que el Gobierno pueda ser parte en la causa del presunto cobro de peajes "abusivos" por parte de Audasa durante las obras de ampliación del Puente de Rande. Después de que la Abogacía del Estado hilvanara una defensa cerrada de la actuación de la concesionaria de la AP-9 en aquellos 40 meses (entre febrero de 2015 y junio de 2018), el Ministerio Público censura que el Ejecutivo pueda "tener interés directo y legítimo" en el pleito, cuya vista oral se celebrará a partir del próximo martes. Y otro matiz: si lo que persigue el Ministerio de Transportes (antes Fomento) es defender "los derechos de los consumidores y usuarios" de la AP-9, no es necesario. Esa es una "posición que ya asume la Fiscalía", ha puntualizado.
Para la Fiscalía --impulsora de la demanda colectiva que ha sentado a la firma del grupo Itínere en el banquillo-- la causa se ciñe "estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura", por lo que no cabe el reparo formulado por el Gobierno: que el proceso se encarrile por la vía civil y no por la contencioso-administrativa.
El escrito de la Abogacía divulgado por FARO este viernes calca las tesis expuestas por Audasa en los últimos tiempos, como que las obras se llevaron a cabo minimizando la afección a los usuarios, y deja pasajes chirriantes: entre ellos, que existía el "deber jurídico de soportar" todos los atascos y retenciones ocasionados en aquellos meses. Más de 200 según la Fiscalía, solo 14 para la concesionaria.
En el juicio que tendrá lugar entre 11 y el 13 de febrero en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Pontevedra la Fiscalía volverá a esgrimir los argumentos que le llevaron a lanzar la demanda en diciembre de 2018, a la que se han adherido otras asociaciones de consumidores. Según el comunicado divulgado este viernes se recuerda que Audasa no solo "mantuvo íntegro el cobro de peaje en todo momento, sino que se incrementó a partir del día 1 de enero de 2018", en virtud de los acuerdos de convenios de financiación de las obras de Rande y la ampliación de Santiago firmados en su día entre Fomento y Audasa. "En el periodo de referencia, según datos de Audasa, existieron unos 77 millones de tránsitos y la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros ascendió a unos 90 millones de euros".
Por todo ello, el Ministerio se reitera en la comisión de una "práctica abusiva" por parte de la gestora de la AP-9, ya que en aquel tiempo el uso del tramo no se produjo "en perfectas condiciones de fluidez, velocidad y seguridad" propias de una vía de alta capacidad.
Sus solicitudes en el proceso serán principalmente tres. El reintegro de los peajes cobrados a los usuarios, el abono de una indemnización consistente en el doble del importe recaudado y que Audasa haga propósito de enmienda. Es decir: "Que se condene a la demandada a cesar en dicha práctica y abstenerse de utilizarla en lo sucesivo en cualquier autopista que gestione en España". Para el Gobierno, la vía civil "no es competente" para imponer ninguna de esas tres sanciones.
En el juicio, además de la Fiscalía, Audasa y el Gobierno como parte, participarán asociaciones de usuarios como En-Colectivo -que defiende contar con denuncias de 200 afectados a reclamar casi 200.000 euros--, la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas de ahorro (Adicae) o un colectivo de autónomos. Están llamados a testificar desde Guardias Civiles desplegados en aquellos días a miembros de la DGT. Desde la barrera estarán los transportistas. Ellos serán los siguientes en reclamar, en otro proceso judicial, compensaciones a Audasa.
