El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha declarado contrario a derecho el requisito del empadronamiento para poder obtener la tarjeta de transporte urbano de Vigo, la conocida como 'PassVigo', con precios reducidos y bonificados para estudiantes, pensionistas y personas con discapacidades.
El juez estima "sustancialmente" la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Redondela, cuando era gobernado por Javier Bas (PP), y basa su resolución en la Ley 2/2017 de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.
En su artículo 82.4 rechaza la discriminación en el acceso a los bonos de utilización recurrente y a las bonificaciones sociales por razones de territorio o residencia.
El juez hace hincapié en que los ayuntamientos deben someterse a las normas estatales y autonómicas, que excluyen cualquier tipo de discriminación en este sentido, y que a su vez atienden a la normativa europea sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha dejado en manos de los servicios jurídicos la decisión de recurrir esta sentencia, ha cargado contra la "ley antiVigo", la 2/2017 en la que se basa la sentencia, a su juicio hecha expresamente "contra" la ciudad olívica.
Caballero ha enmarcado esta ley en el "matonismo político" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el mismo que practica, ha dicho, con la imposición de la financiación de escuelas infantiles y centros de mayores de propiedad autonómica.
"Le responderemos en las elecciones", ha advertido Caballero, con la vista puesta en las próximos comicios autonómicos en Galicia.
"Vamos a hablar mucho de esto estos días. Vamos a defender a la ciudad contra los ataques de Feijóo, a conciencia", ha proclamado, y ha enfatizado: "cada vez que alguien de fuera coja el autobús de Vigo les estaréis pagando una parte del billete".
Caballero ha interpretado que el juez "no tenía margen" para dictar otra resolución porque la ley 2/2017 "le obliga", y ello a pesar de ser "perfectamente consciente de que la ley es anticonstitucional".
El alcalde ha subrayado que la Ley 2/2017, que "solo se aplica en Vigo", pone de manifiesto "la forma de Feijóo de entender la comunidad autónoma", vulnerando la autonomía local.
Valoración de la Xunta
Valoración de la XuntaLa delegada de la Xunta en Vigo, Corina Porro, ha destacado que la sentencia, que es “clara y contundente”, frena las intenciones de un Abel Caballero que “pretende construir murallas ancestrales y constreñir a sus ciudadanos en una especie de ciudad sitiada”. La representante del Gobierno gallego ha acusado al regidor de no querer “cumplir la ley” y “manipular sin cesar con fin electoral o de victimismo inventado”.
“Una vez más, está entrando en paranoia. Desprecia la independencia judicial mostrando la cara más antidemocrática y dictatorial del personaje. Si la justicia le da la razón, es gracias a él; si se la quita, como es el caso, es por culpa de Feijóo. Debemos recuperar el sentimiento de ser una ciudad abierta y acogedora, como fue siempre, no sometida a los caprichos de un alcalde irresponsable”, ha sentenciado.
