La problemática de la ocupación ilegal de viviendas y el calvario al que se ven sometidos los dueños para recuperar sus casas dio lugar a que en 2018 entrase en vigor una reforma legal para posibilitar el desahucio exprés de quienes se apoderan sin más de una propiedad. Tímidamente, pero en los juzgados civiles de Vigo ya se han empezado a ejecutar estos desalojos, en los que se simplifican trámites y se acortan plazos: si el ocupa no aporta en cinco días un título que justifique su "situación posesoria", el juez dictará a continuación un auto para proceder al desahucio. Y esta resolución debería poner fin al problema: no cabe recurrirla.
¿Qué alcance tiene en la ciudad el fenómeno de la ocupación ilegal? Un indicador son las denuncias que los propietarios de pisos o de edificios en construcción o deshabitados presentan ante las fuerzas de seguridad. En los tres últimos años, según las estadísticas del Ministerio del Interior, en Vigo se formalizaron un total de 88: 34 en 2017, 26 en 2018 y 28 el pasado añoen Vigo se formalizaron un total de 88. Analizando el dato de 2019, los casos registrados en la urbe suponen el 65% de los 44 de la provincia de Pontevedra y algo más del 20% de los 129 que hubo en toda Galicia. El Código Penal recoge este tipo de delito de usurpación en su artículo 245, siendo el supuesto más habitual el del apartado 2, que contempla penas de multa para "el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular".
Frente a la respuesta que proporciona el ámbito judicial penal, en el civil no había ningún cauce específico. Todas las posibles opciones tenían "algún problema o limitación". Esto, unido a la "creciente demanda" de respuestas "ágiles y eficaces" sin tener que recurrir a la vía penal, llevó a aprobar la Ley 5/2018 en relación con la ocupación ilegal de viviendas, que modifica varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que está en vigor desde hace un año y medio.
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En la práctica se trata de un pleito para recuperar el inmueble que requiere que el demandante acredite la posesión, instando su "inmediata entrega", y que se dirige contra "los desconocidos ocupantes" del mismo. Hecha la notificación, los ocupantes que no acrediten en un plazo de cinco días su derecho a estar en la vivienda -con la escritura de compra o con el contrato de arrendamiento- acabarán ante un auto judicial que derivará, inevitablemente, en su desalojo. Los juzgados de Primera Instancia de Vigo ya han ordenado desahucios derivados de la nueva ley: en los primeros meses tras la reforma, de julio a diciembre de 2018, hubo cinco casos. Aún no se publicaron los datos de 2019, pero cada uno de los 11 tribunales civiles registró, de media, entre dos y tres litigios. "Todos los lanzamientos se acaban ejecutando, aunque en ocasiones haya que intentarlo varias veces", explican.
Entidades financieras
Una cuestión clave es que de esta ley de desahucio exprés de ocupas solo se pueden beneficiar particulares que sean propietarios o "poseedores legítimos" del inmueble, entidades sin ánimo de lucro o administraciones públicas con vivienda social. No está pensada para entidades financieras o promotoras, que también actúan contra los ocupas, pero a través de otro procedimiento: el desahucio por precario. A esta figura recurren habitualmente dueños de pisos para desalojar a algún familiar o conocido al que en su día le prestó la casa y también es frecuente en casos de herencias. Pues bien, se está detectando un aumento de bancos, fondos o empresas que optan por la vía del precario para ir contra los "ignorados ocupantes" a los que, tras adquirir o adjudicarse un edificio, se topan en su interior. "Se vio un incremento en 2019", confirman.
