La reforma legal para desalojar a ocupas es reciente. Aunque ya se empiezan a ver los resultados, en algún juzgado apuntan que hay casos de compleja ejecución. "La ley es muy bonita, pero en la práctica te encuentras con dificultades para identificar a los ocupantes ilegales, teniendo que recurrir a veces a la Policía", dicen. Un asunto tramitado por una de estas salas fue el desahucio de ocupas de una casa de veraneo del Val Miñor: "Entraron pasado el período estival y, tras iniciarse el procedimiento y no poder acreditar lógicamente la posesión, se procedió al lanzamiento".
En otro tribunal llevaron el caso de una familia que levantó una rudimentaria construcción en una finca ajena y que fue desalojada. La reforma contempla que, si los ocupas actúan por extrema necesidad al carecer de recursos, se informará "a los servicios públicos competentes en política social", siempre que los afectados lo consientan. Hay supuestos de estos. Pero también, refieren, de quienes se han hecho "auténticos profesionales" en esto de vivir en hogares ajenos.
El servicio común de Notificaciones y Embargos es el que ejecuta los desahucios. "Se ven casos de todo tipo: en el centro de la ciudad y en las afueras, en viviendas vacías y en edificios pendientes de reforma...", dice Fernando Varela, letrado judicial de la oficina. El mayor problema lo tienen a la hora de "identificar" a los ocupantes. Y aunque "siempre" hubo desalojos de ocupas, con la nueva ley el procedimiento es "más abreviado" y rápido.
