31 de enero de 2020
31.01.2020

Afectados por los peajes de la AP-9 denuncian ante la UE la concesión prorrogada a Audasa

En-Colectivo anuncia que si la causa prospera"conllevaría un beneficio de gratuidad" en la vía - Ve ilegal que la ampliación no saliera a concurso

31.01.2020 | 02:40
Maraña (En-Colectivo), con los abogados Cenalmor y Heredero. // Grobas

La asociación En-Colectivo, que defiende a los usuarios afectados por el cobro presuntamente indebido de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande por parte de la empresa Audasa, concesionaria de la AP-9, ha denunciado ante la Comisión Europea que las prórrogas de la concesión de la autopista gallega infringen la normativa europea por lo que aspira a un fallo que conlleve su gratuidad para todos los usuarios.

"El efecto que tendría esta situación de denuncia en caso de que prosperase sería, por así decirlo, que desde el Gobierno de España derogara las ampliaciones de las prórrogas, lo que conllevaría un beneficio de gratuidad de la autopista", comentó ayer el presidente de la asociación, Diego Maraña.

Maraña, que compareció públicamente junto con los abogados Carlos Cenalmor y Antonio Heredero, de los bufetes Gándara Moure y Balms Abogados, respectivamente, explicó que han detectado que las prórrogas que el Gobierno de España concedió por Decreto Ley a Audasa para la explotación de la AP-9 hasta 2023 y 2048, respectivamente, incumplen diferentes directivas de la UE. La más grave, según Cenalmor, es que "el Gobierno no ha cumplido con la exigencia de realizar una nueva licitación, tal y como establece el llamado libro verde de la contratación pública del año 1996, según el cual una modificación de una concesión, si es sustancial, exige un nuevo procedimiento de contratación, lo que no ha sucedido en este caso.

"El derecho europeo, por el principio de transparencia, exige que cualquier ciudadano europeo, cualquier empresa europea, pueda acudir a una licitación. El no sacar a concurso una prórroga, que es una nueva concesión, supone el incumplimiento de la obligación de transparencia, porque el contrato sigue vigente sin más. Es como un contrato dado por debajo", aseguró en su intervención.

Los denunciantes esperan una respuesta favorable de la CE y que realice una petición formal al Estado para que solvente el posible incumplimiento normativo en el que está incurriendo y, de este modo, conseguir la gratuidad de la AP-9.

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