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La Fiscalía derivó a la Xunta a 210 menores de 14 años en un lustro por cometer delitos

Política Social analiza si en estos casos registrados en Vigo y otros puntos de la provincia existe una situación de desprotección familiar

Jóvenes en un centro de protección de menores en Vigo. // Marta.G. Brea

Hurtos, robos, lesiones, violencia doméstica o incluso tentativas de homicidio. Cuando el supuesto autor de un delito, sea cual sea su naturaleza, no alcanza los 14 años, el caso se archiva de plano. Y es que los niños que no superan esta edad no se consideran imputables penalmente. "Los mayores de 14 años se rigen por la Ley del Menor, sin embargo, cuando estos no superan esta edad, se les aplica el Código Civil; no se les puede abrir una causa penal", explica el fiscal delegado de Menores en Galicia. ¿Qué hacer entonces ante esta situación? Que no se le puedan pedir responsabilidades penales a estos menores, no implica que no se busque el origen del problema. Así, la Fiscalía de Menores de Pontevedra derivó a los servicios sociales de la Xunta más de 200 casos de delitos desde 2016 por tener los infractores menos de 14 años. Concretamente, en lo que llevamos de 2020, la Consellería de Política Social tiene registrados dos casos, frente a los 39 contabilizados en 2019 o los 88 -la cifra más alta- anotados un lustro atrás en Vigo y demás puntos de la provincia.

Automáticamente, ante esta circunstancia, la Fiscalía de Menores abre un expediente de protección, en el que se realiza una valoración de la situación familiar y personal del niño. "Por ejemplo, se destapa una situación de bullying en un colegio cometida por un chico de 13 años que está machacando a un compañero. Entonces nos ponemos en contacto con los servicios sociales para que la asistente social vaya a su casa, se entreviste con los padres y nos hagan una valoración del menor; si existe algún factor de riesgo en el entorno familiar", esgrime José Manuel Ucha.

Si la situación del adolescente está "normalizada", lo que se insta desde la Fiscalía es a resolver el problema desde el propio ámbito familiar. "Si los padres tienen recursos económicos pues ya ellos se encargan de su traslado a un psicólogo o psiquiatra para un tratamiento; y en el caso de que no cuenten con este respaldo monetario, nosotros tratamos de dirigirlo a la Xunta para que acuda a un programa de terapia familiar para solventar la problemática que lo ha dirigido a cometer un delito. En este caso concreto también nos pondríamos en contacto con el centro escolar para que nos ofreciese una valoración académica del menor por si tuviese que ser reconducido al departamento de orientación o un cambio de centro", amplía el fiscal autonómico de Menores.

¿Qué pasaría si el niño fuese mayor de 14 años? El escenario sería completamente diferente. "Directamente incoaríamos una causa penal de diligencias preliminares por un delito contra la integridad moral, lo transformaríamos en un expediente, se llamaría al menor para tomarle declaración en calidad de investigado con un abogado y haríamos una investigación de los hechos", explica el fiscal. En este caso, las acciones del adolescente sí conllevan un "castigo". "Puede tratarse desde una libertad vigilada o tratamiento psicológico hasta terapias familiares", completa Ucha.

Situación desnormalizada

Cuando la asistente social, en esta entrevista con los padres del menor de 14 años no aprecia una situación normalizada, es la entidad pública quien, según el Código Civil, debe hacerse cargo del niño. "Cuando los padres no son capaces de reconducir la conducta del menor, pues la Xunta tendría que asumir su guarda o tutela. Su ejercicio puede delegarlo bien en otros familiares de los menores, como tíos, abuelos, etc., o a través del acogimiento residencial en centros o en casas con familias colaborativas como Cruz Roja", concluye el fiscal autonómico de Menores.

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