Los acuerdos se generalizan en las salas de vistas de Vigo. Más de la mitad de los juicios que se señalan en los juzgados de lo Penal se resuelven con un pacto entre las partes tras reconocer el acusado su culpabilidad. Esta conformidad con los hechos que se le atribuyen por la Fiscalía o acusación particular lleva asociado el beneficio de una reducción de la condena a la que inicialmente se enfrentaba. Concretamente, a lo largo del 2018 -últimos datos disponibles, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- fueron más de 460 los casos zanjados con una conformidad de entre los casi 860 juicios fijados en estas tres salas. Los demás se celebraron para que fuese el juez el que decidiese en sentencia o bien fueron suspendidos por ausencia de testigos o de alguna de las partes.
En el caso de los juicios rápidos en instrucción o juzgados de guardia, estos acuerdos han estado a la orden del día especialmente ante delitos contra la seguridad del tráfico o seguridad vial, pero cada vez se están haciendo un hueco mayor en las salas penales. Tanto es así que una década atrás, concretamente en el año 2010, las conformidades rebasaban poco más del 40% de los casos: de las 1.293 sentencias emitidas por las tres salas penales, 579 se resolvieron con un acuerdo entre las partes.
Esta negociación previa puede forjarse tanto minutos antes de la celebración de la vista oral como durante el proceso de instrucción, si bien los primeros son más habituales. De este modo se evita la celebración del juicio así como una posible apelación al fallo, ya que en el propio acto de conformidad, las partes dan su compromiso de no recurrir dicha sentencia de conformidad.
Haz click para ampliar el gráfico
A demás de evitar la celebración del juicio, otro de los beneficios que obtiene el encausado con este acuerdo será la rebaja de la pena, prácticamente un tercio de la solicitada, tanto privativas de libertad como multas económicas tras aceptar los hechos por los que se dictó auto de apertura de juicio oral. Precisamente, un varón aceptó ayer una pena de 1 año de prisión así como una multa de 1.020 euros por un delito de tráfico de drogas que no causa grave daños a la salud -en este caso hachís- tras aceptar un acuerdo con la Fiscalía. El Ministerio Público solicitaba para el acusado una pena inicial de dos años así como una multa de 2.000 euros. De igual modo, en este acuerdo también figuraba el formato de pago de dichas cantidades, concretamente en 20 mensualidades.
Los pactos todavía se agudizan más en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde de las 55 sentencias emitidas en 2018, 32 fueron con conformidades, el 58% del total, según datos del CGPJ.
Actos de conciliación
En la jurisdicción civil, el paso previo para evitar la celebración del juicio son los actos de conciliación; proceso de negociación que actúa como alternativa previa a la judicialización de muchas problemáticas y permiten llegar a un acuerdo que satisfaga al solicitante y requerido. Estas conciliaciones son habituales en los Juzgados de Primera Instancia de Vigo. A lo largo del 2019, estas salas civiles registraron 771 actos.
