La Comisión Europea ha concedido al Gobierno un plazo de un mes para justificar por qué en noviembre de 2017 aprobó la concesión de una ayuda comunitaria de 20,7 millones de euros para la factoría de PSA en Vigo. Los fondos -cuyo encaje con las directrices de Competencia investiga Bruselas y que la planta no llegó a recibir- se validaron para respaldar la transformación de la factoría en el lanzamiento de una nueva plataforma (CMP) y la fabricación de las furgonetas del proyecto K9 y el nuevo todocamino Peugeot 2008 (proyecto V20) en un momento de incertidumbre económica para Balaídos. Después de que en julio la Comisión Europea anunciara la apertura de un expediente de investigación y sembrara dudas sobre el carácter "suficientemente innovador" del proyecto, ahora, a través de un anuncio publicado ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOU), "insta a España a que presente sus observaciones y facilite toda la información pertinente para la evaluación de la ayuda".
El dinero aprobado por la Dirección General de Fondos Comunitarios, dependiente del Ministerio de Hacienda, forma parte de los recursos que la UE invierte en planes innovadores y en la cohesión regional -evitar territorios de primera y de segunda-. Al igual que los 20,7 millones congelados para PSA, Europa avaló hasta 261 millones en remodelaciones para empresas de Portugal, Alemania o Eslovaquia, donde dio carta de naturaleza a una subvención de 125 millones para la sede de Jaguar Land Rover, aún reconociendo que se habían vendido terrenos "por debajo de coste". Otras inyecciones, pese a todo, fueron tumbadas. Es el caso de los 24,3 millones a los que optaba Ford Almussafes (Valencia) para adaptar la factoría al V408 (Ford Transsit Connect).
Según se desprende del dossier divulgado ayer, en diciembre de 2014 PSA solicitó ayuda para una primera inversión de 392 millones del Plan Industrial 2014-2020, que incluía "mejoras esenciales en el proceso" y la fabricación de un nuevo modelo. En 2016 "amplió el alcance" de la petición de subvención para ejecutar un desembolso de 100 millones en "una nueva plataforma vehicular" y "un nuevo vehículo SUV". En ese periodo PSA adjudicó a Balaídos la fabricación de las K9 (diciembre 2014), la plataforma CMP y el proyecto V20 (ambas en mayo de 2016).
Las "dudas" de Bruselas acerca de la idoneidad de los 20,7 millones se expresa en varios frentes. Así, cuestiona que PSA pudiera solicitar los fondos regionales por estar considerada entonces, año 2014, una "empresa en crisis". Pero también entra a valorar los propios proyectos. La Comisión asegura que "le resulta difícil establecer el necesario carácter novedoso" de ellos y "duda de que las innovaciones previstas sean importantes en los procesos globales de producción". Otras sospechas, también, proyecta sobre la "contribución" de los fondos "al desarrollo de la región" -pese a que el Gobierno dejó patente que PSA contribuye en más de un 8% del PIB de Galicia y defendió su influjo en las empresas del Clúster da Automoción (CEAGA)- o sobre "un posible efecto contrario" de las partidas en la cohesión, al señalar la planta de PSA en Trnava (Eslovaquia) como localización alternativa .
La carga de trabajo asumida en los últimos años en Vigo ha permitido a la factoría anunciar la contratación de 1.200 trabajadores. La renovación de las K9 y la segunda generación de los 2008 (P24) son culpables de que en Balaídos se superara la barrera de los 6.000 empleados por primera vez en seis años, aunque si el mercado no cae la previsión en 2020 es acariciar los 7.000: la cifra más alta de la década.
