Aumentan los hogares en Vigo que reciben dinero público para costear la factura de la luz, cuyo precio medio en 2018 fue de 56,40 euros, un 8% mayor que en 2017 y ligeramente por debajo de los 55,22 euros del pasado mes de octubre. Según datos de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, la cifra de subsidios concedidos a través del bono social eléctrico de la Xunta -complementario al bono social regulado por el Estado, que cuenta con 105.578 beneficiarios en Galicia, de los que 34.030 están en la provincia de Pontevedra- se ha duplicado en Vigo con respecto a 2018. Hasta noviembre de 2019, la Administración autonómica facilitó, por importe de 188.250 euros, un total de 594 ayudas, número que dobla el registrado en 2018, cuando se alcanzaron un total de 302, por las que se concedieron 80.450 euros.
En la provincia de Pontevedra, el panorama es similar al ya descrito. Estos apoyos aumentaron en un 133%, es decir, más del doble de familias se acogieron a este amparo: se pasó de 591 en 2018 a 1.378 en 2019 -en términos económicos, de 160.050 a 445.200 euros-. Ocurrió lo mismo en Galicia: la cifra varió de 1.432 a 3.578 beneficiarios -de 400.750 a 1.167.450 euros-.
Esta cuantía entregada por la Xunta -integrada en las Axudas Urxentes de tipo Social (AUXS), que va desde los 300 euros anuales a los 450 en caso de familias numerosas- busca evitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, así como asegurar, de esta manera, el acceso continuado a la energía por parte de este colectivo a través del pago del 50% del importe de las facturas de electricidad -el Estado pone el 40%; el resto, corre a cargo de la compañía eléctrica-. Para ser beneficiario, es necesario residir en Galicia, ser titular del contrato de la luz, tener habilitada la TUR (Tarifa Eléctrica de Último Recurso) con aplicación del bono social del 40% de descuento y estar en riesgo de exclusión social, situación que debe ser certificada por los servicios sociales competentes.
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Prestaciones del Concello
El Concello de Vigo ofrece prestaciones para el pago del suministro de gas y electricidad en los hogares a través del programa de ayudas extraordinarias a familias y antidesahucios, destinado a personas individuales y unidades de convivencia que se encuentran en situación de necesidad social, tienen residencia efectiva y están empadronadas en la urbe con una antigüedad mínima de tres años. En 2019, se beneficiaron de este servicio un total de 1.612 hogares -con un importe total de 306.836,52 euros-, cantidad a la que hay que sumar la parte dedicada a esta materia de los 800.000 euros de ayudas de emergencia para vivienda. En 2018, lo hicieron 1.937 hogares -con un importe que se situó en los 302.736 euros- y, en 2017, 1.898.
Valoraciones de las ayudas
Ángel, vecino de Vigo en situación de riesgo de exclusión social, se beneficia desde hace dos años de las ayudas del Estado y de la Xunta de Galicia para pagar la factura de la luz. Considera que son "muy acertadas" para las personas que reciben pensiones mínimas, aunque reconoce que "el importe podría ser mayor" para mejorar el día a día en el hogar. Critica, por otra parte, que no se presten apoyos económicos para el pago del recibo del agua. "Tengo un consumo de 3 metros cúbicos en invierno y de 8 o 9 en verano, y me facturan 30 metros cúbicos, que son 38 euros cada dos meses. Llevo años intentando que me ayuden a pagar el agua, pero no es posible". Añade que, sin embargo, sí disfruta de beneficios para pagar la factura telefónica, de la que solo se hace cargo de las llamadas.
Juan Martín, trabajador social de Emaús en Vigo, recibió durante algunos años el bono social del Estado -cuando el criterio tan solo estaba vinculado a la potencia contratada-. Asegura que este tipo de aportaciones públicas entregadas por el Gobierno central, el gallego y el municipal son "interesantes, buenas y totalmente justificadas" para hacer frente a un problema grave como es la pobreza energética, que ataca en gran medida a personas que están en situaciones "muy vulnerables". Aunque destaca que los requisitos podrían ser "más flexibles", sobre todo, "en las ayudas de la Xunta", apunta que "no están mal", puesto que cubren a la mayor parte de gente con recursos económicos limitados; además, señala que los criterios que exigen las instituciones para ser beneficiario de estos subsidios se ajustan a las necesidades reales del colectivo más desfavorecido de la sociedad, que se encuentra desarmado ante el pago de las facturas.
