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Los pleitos por impago de alquiler alcanzan su cifra más alta desde la crisis con casi 700

Las demandas contra inquilinos morosos crecen un 10% en un año -La evolución de los casos por no abonar la hipoteca es la contraria, ya que cayeron a la mitad desde la recesión

Anuncios de alquiler en la fachada de un edificio de Vigo. // Alba Villar

Nada de azar hay en la evolución de los procedimientos judiciales. Si unos aumentan u otros descienden, detrás siempre suele haber una explicación. Una tendencia social o económica que motiva ese vaivén que salta al analizar las estadísticas de pleitos. Y esto se aprecia claramente en los litigios por impago de alquiler. Este 2019 se cerrará con la cifra más alta de demandas contra inquilinos morosos desde la época más dura de la crisis económica: casi 700 asuntos -y este número incluso se podría superar una vez cerrado el balance anual-. El crecimiento del mercado de arrendamiento y la subida de las rentas son factores clave para explicar el paulatino incremento de estos casos en los últimos años: el precio medio del alquiler en Vigo a día de hoy es de 495,2 euros al mes, un 21% más que en 2015. Con respecto a 2018 la subida de pleitos es de casi un 10%, pero con relación a 2016, año en el que no se llegó a las 600 causas, se dispara a un 20%.

Concretamente, entre el 1 de enero y el 20 de diciembre de este año entraron en los juzgados de Primera Instancia vigueses 693 demandas de caseros por el impago de las rentas mensuales. La gran mayoría de los casos se refieren a viviendas, pero también hay de locales comerciales o, en asuntos ya muy excepcionales, de supuestos en los que lo que se había alquilado era solo el dormitorio. En esta cifra también están los denominados juicios por precario -no suelen superar los 30 o 35 anuales-, estando entre los casos más típicos los de familiares o allegados que residen en una casa sin que medie contrato de por medio y contra los que el dueño del inmueble actúa judicialmente en un momento dado para recuperar la posesión del mismo.

A la espera de cerrar la estadística, la cifra de asuntos civiles por impago de alquiler es de las más altas de los últimos diez años. En este período, solo en 2012 se había llegado a niveles similares, ya que entonces hubo 694 casos. Aquel ejercicio fue sin duda, a efectos judiciales, el más duro de la crisis económica en lo que a vivienda se refiere. Se dispararon los desahucios en inmuebles alquilados y se registró una cifra histórica de ejecuciones hipotecarias: un total de 371.

Pero el comportamiento de ambos procedimientos ha sido dispar desde entonces. Los desalojos por el impago de la hipoteca se fueron desplomando poco a poco, debido al clamor social, cambios en la jurisprudencia y las reformas legislativas impulsadas. De aquella cifra récord de la crisis de 371 ejecuciones se ha pasado a las 165 que hubo en 2018. Son la mitad, con el importante matiz además que muy pocos de estos casos son de viviendas habituales, abundando más los procedimientos contra empresas que afectan a locales comerciales, naves industriales o fincas.

Estadística

Frente a este escenario, las causas judiciales con viviendas de alquiler como protagonistas han ido a más: la última estadística anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2018 arroja que ocho de cada diez desahucios que se hacen en Vigo son contra inquilinos. Algo que va de la mano del aumento de familias que están optando por el arrendamiento como alternativa a adquirir un inmueble.

¿Qué ocurre con las demandas que presentan los caseros en los juzgados? En una sala de Primera Instancia de Vigo explican que la gran mayoría de estos casos acaban en el desahucio del deudor. Existe la opción para el inquilino de oponerse a la demanda. No se materializa de forma muy frecuente, pero lo que sí detectan los juzgados es que hay más familias que alegan vulnerabilidad económica o social. Si se acredita, eso permite aplazar el desalojo hasta que los servicios sociales encuentren una solución idónea para los afectados.

Pero lo cierto, como inciden en un tribunal, es que, al margen de estos casos sociales o de si el inquilino ejercita el derecho de enervación poniéndose al día en el abono de las rentas, la consecuencia de estos impagos es tener que abandonar el inmueble. ¿Y cuándo espera el propietario para ir a la vía judicial? Generalmente entre cuatro, cinco o seis meses desde el primer impago. "Lo cierto es que suelen esperar bastante; incluso hasta un año", concluyen.

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