Presionado por una intensa campaña alimentada con manifestaciones en la calle, protestas de todo tipo, quejas de empresarios, transportistas y conductores e incluso de pronunciamientos institucionales y políticos, en enero de 2018 Fomento aceptó la reclamación histórica de eliminar el peaje de la AP-9 entre Vigo y Redondela, un gravamen caro que penaliza el uso de un ramal que, en la práctica, actúa como circunvalación urbana.
El ministerio hizo público su compromiso el 23 de enero de 2018, tras una reunión con la Xunta. Aunque en un principio el anuncio no se acompañó de un calendario, con el paso de los meses el entonces ministro de Fomento, el popular Íñigo de la Serna, llegó a garantizar que el peaje entre Redondela y Vigo sería historia "en torno a julio".
Casi un año y medio después de que expirase ese plazo, el pórtico no solo sigue en su sitio. Carece incluso de fecha para su fin. Tras la moción de censura y el cambio de Gobierno, el departamento de José Luis Ábalos solo señala que "se ha encargado un estudio global de tráfico y capacidad en el área". "En función de sus conclusiones, podrán planificarse y programarse los distintos proyectos y actuaciones", se limitaban a apuntar desde Fomento en agosto. Si en enero se aplicase una subida de peajes del 2,64%, el gravamen Vigo-Redondela rondaría ya los 0,97 euros por un recorrido que no pasa de los ocho kilómetros.
Críticas de los autónomos
Las asociaciones de autónomos Agtamar y Upta censuraron ayer el encarecimiento de los peajes de la AP-9 en 2020. "Es inasumible", recalca el colectivo, que impulsa una plataforma para "revertir" una situación que, denuncia, padecen 10.000 autónomos y pequeños empresarios que usan cada día la autopista. Según detalla, Agtamar-Upta cuenta ya con el respaldo de colectivos que representan a 50.000 profesionales.
