Uno de los que sin duda se impone como procedimiento estrella en los juzgados civiles de Vigo es el denominado monitorio, un tipo de litigio de tramitación ágil al que se acude para reclamar el pago de, habitualmente, pequeñas deudas que busca un reintegro rápido de la misma. Entre la miscelánea de causas que derivan en estas demandas destacan principalmente dos: la morosidad entre propietarios y comunidades de vecinos y los impagos de productos financieros tales como préstamos, microcréditos o créditos express. En los tribunales de Primera Instancia de Vigo estos asuntos se cuentan por miles una vez se cierra cada año, pero en esta ocasión la cifra aspira a récord.
En solo dos ejercicios (hay que tener en cuenta que en 2018 la huelga de funcionarios redujo de forma notable el número de entrada de casos) estos pleitos "inundan" los expedientes en materia civil escalando de los escasos 4.000 registrados el año pasado y los 4.300 del 2017 a los 5.798 contabilizados en lo que va de año. Esto supone, además del incremento de la litigiosidad en un 35%, un ritmo de entrada de 18 demandas por estos asuntos al día de media, muy superior a las 14 que se repartían tres años atrás. Los propios Letrados judiciales de las salas civiles lo confirman. "Estos monitorios suponen un volumen muy importante; están aumentando poco a poco. Nos inundan estas pequeñas deudas", aprecian en varias salas.
Cierto es que las rencillas o desavenencias entre propietarios y comunidades de vecinos saltaron a una primera línea gracias a series de televisión, sin embargo, los juzgados llevan siendo desde hace años testigos de estas desavenencias. Desde el abono de las cuotas ordinarias hasta impagos por derramas para la adecuación o reforma del edificio, como por ejemplo arreglo de la fachada, cambio de ascensor; o impugnaciones de acuerdos en juntas. Fuentes judiciales señalan que se tratan de asuntos "bastante habituales". "Normalmente las comunidades suelen esperar varios meses para acumular una cifra más elevada", añaden.
La nueva normativa de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) obligó a muchas comunidades a adaptar sus edificios especialmente en materia de accesibilidad. "Algunos propietarios no quieren pagar las derramas por ejemplo en la colocación de ascensores u otras mejores, y finalmente la comunidad demanda, claro. En estos casos normalmente desde el juzgado se le apremia u obliga al pago o incluso se acuerdan formas de pago como fraccionado, por ejemplo", añaden estas mismas fuentes.
A mayores, también existe otra modalidad en cuanto a reclamaciones relativas a comunidades de propietarios que son demandas de Propiedad Horizontal por daños, es decir, filtraciones, humedades, fallos estructurales, etc. Este año se presentaron más de medio millar (60).
Fondos buitre
En cuanto a los monitorios relativos a microcréditos o pago de préstamos, fuentes judiciales reconocen que siguen siendo los popularmente conocidos como fondos buitres - sociedades extranjeras que se dedican a comprar grandes paquetes de deudas a bajos precios para después reclamar ellas mismas el dinero a los morosos- los que están detrás de las reclamaciones. "Los dueños de la deuda la venden a estos fondos buitre y al alargarse este proceso igual 2 o 3 años, el deudor piensa que se libró de la misma, pero al final siempre se reclaman", aprecia.
