Dos sentencias judiciales obligarán al Ayuntamiento de Vigo a desembolsar casi 670.000 euros. La edil de Urbanismo, María José Caride, ha informado este miércoles al pleno de la obligación del gobierno local de abonar 233.000 euros a la Comunidad de Montes de Cabral por una parcela en O Gorxal, tras una victoria en los tribunales, y de la posición del Xurado de Expropiación de Galicia, que insta igualmente a Vigo a pagar 445.000 euros por las expropiaciones del antiguo proyecto de la Cidade da Xustiza.
Las transferencias han llevado a Urbanismo a solicitar a la corporación una modificación extraordinaria de créditos por importe de 1,6 millones de euros. El resto de la cuantía se dedicará a la inversión en actuciones previstas "para mejorar bienes públicos", como las obras en el paseo de la avenida de Europa o la senda del Lagares. Además del visto bueno de la mayoría socialista, el trasvase de recursos ha recibido el voto favorable del PP: "Venimos a cumplir con sentencias judiciales", ha valorado su portavoz municipal, Alfonso Marnotes.
Transporte urbano
La sesión plenario, última del mes, también ha dado luz verde a la aprobación inicial del reglamento de servicios de transporte urbano en autobús, ahora prestado por Vitrasa. La normativa blinda la condición de las rutas como servicio público, la "accesibilidad universal", nuevas facilidades para personas con movilidad reducida, y las obligaciones de la concesionaria, como ha trasladado Javier Pardo, edil de Fomento.
Al paso adelante --que ha contado el voto favorable de los 20 votos del PSOE y el rechazo de los siete ediles restantes de la oposición-- le seguirá la publicación de los pliegos del nuevo servicio.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad instar a la Xunta a que adquiera y presente un proyecto de rehabilitación del edificio ubicado en Peñasco, 5; después de los problemas de riesgo de derrumbe registrado en la zona atribuido a la construcción de un nuevo albergue de peregrinos en O Berbés.
Más fragmentadas fueron las posiciones en una moción impulsada por el grupo no adscrito (BNG) para rechazar nuevos rellenos en la ría por parte de la Autoridad Portuaria. PSOE y PP votaron en contra, pero dejaron patente su oposición a nuevos rellenos generalizados en la lámina de agua. "El Puerto necesita líneas de atraque, pero no rellenos", resumió el portavoz del gobierno local, López Font, quien urgió asimismo a que todas las actuaciones sean sometidas a la preceptiva tramitación ambiental previa. Los populares dijeron también 'no' a los rellenos "con carácter general e indiscriminado", pero también quisieron hacerse eco de una "realidad": "Es una necesidad esencial para el desarrollo de la ciudad", apostilló Marnotes
Igrexas, edil no adscrito, aseguró que el BNG "no iba a consentir se siga amenazando la ría de Vigo con más cemento" y el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, pidió el "cese inmediato" de Enrique López Veiga como presidente de la Autoridad Portuaria, al que llegó a tildar de "enemigo" tanto de la industria y el sector primario.
